Bruselas acusa a Google de abuso de posición dominante y niega que proteja a compañías europeas

La Comisión Europea ha acusado este miércoles a Google de desarrollar una estrategia para «preservar y fortalecer» su posición dominante al favorecer la instalación de Android y sus aplicaciones a fabricantes de dispositivos móviles, de forma que se restringe la competencia y la innovación.

En concreto, Bruselas alega que la compañía norteamericana ha infringido la normativa comunitaria en materia de competencia mediante tres prácticas. La primera, al imponer a los fabricantes una pre instalación de ‘Google Search’ y del navegador ‘Google Chrome’, y al requerir que la primera aplicación sea la herramienta de búsqueda por defecto del dispositivo, como condición para obtener licencias para poder instalar otras aplicaciones del grupo, como ‘Play Store’.

La segunda, al impedir a los fabricantes la venta de dispositivos móviles inteligentes con sistemas operativos rivales basados en el código de fuente abierta de Android. Y por último, al dar inventivos financieros a operadores y fabricantes como con la condición de que se instale exclusivamente ‘Google Search’ en los dispositivos.

De esta forma, la Comisión Europea afirma que estas prácticas «pueden favorecer la consolidación de la posición dominante de Google Search en los servicios generales de búsqueda en Internet» y  que impiden a otros navegadores competir con Google Chrome.

Asimismo, Bruselas piensa que la estrategia de Google obstaculiza el desarrollo de sistemas operativos basados en el código de fuente abierto de Android y las oportunidades que éstos supondrían para el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios

Google: «Android es bueno para la competencia»

En una primera reacción al anuncio de la Comisión, la compañía norteamericana ha mostrado su disposición a trabajar con los servicios comunitarios para «demostrar que Android es bueno para la competencia y bueno para los consumidores».

«Android ha ayudado a fomentar un ecosistema notable, importante y sostenible, basado en un software de fuente abierta», ha asegurado el vicepresidente y consejero general de Google, Kent Walker.

La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha explicado en rueda de prensa que la investigación preliminar de la Comisión, que anunció en abril del año pasado, ha mostrado que la compañía norteamericana puede haber infringido la normativa comunitaria, por lo que ha enviado a Google un pliego de acusaciones.

Así, Vestager ha expresado que se trata de un paso intermedio y que si, al final, el Ejecutivo comunitario llega a la conclusión de que se han infringido la legislación europea, la compañía podría incluso enfrentarse a sanciones. Google dispone ahora de 12 semanas para responder a las acusaciones y puede incluso solicitar una vista oral para exponer su opinión.

En cualquier caso, la comisaria danesa ha recordado que ésta no es la única investigación que Bruselas mantiene sobre Google. En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo comunitario está analizando la «gran cantidad de datos» que ha aportado el gigante tecnológico contra otro pliego de acusaciones, en este caso por presunto abuso de posición dominante por favorecer sus productos en las búsquedas de Internet.

Bruselas niega proteger a compañías europeas

La Comisión Europea ha negado que busque proteger a las compañías europeas de la competencia de sociedades estadounidenses a través de acciones como las que este miércoles ha presentado sobre Google, a la que ha acusado de abuso de posición dominante al favorecer la instalación de Android y sus aplicaciones a fabricantes de dispositivos móviles.

«No es nuestro trabajo defender a compañías. Nuestro trabajo es asegurarnos de que hay competencia. Las compañías a veces crecen y se hacen dominantes, y eso está bien. Quizás para algunas es incluso una motivación. La cuestión es que si hay un abuso de posición dominante, entonces tenemos un problema. No importa la bandera de la compañía ni la propiedad», ha manifestado Vestager.

En la misma línea, ha subrayado que la Comisión «no tiene nada contra ninguna compañía» y ha apuntado que la obligación del Ejecutivo comunitario es «comprobar si un comportamiento es anticompetitivo o hay un abuso de una posición dominante»