Borrell pagará la multa de 30.000 euros de la CNMV por su venta de acciones de Abengoa

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no recurrirá la sanción de 30.000 euros que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por vender acciones de Abengoa por un valor de 9.030 euros cuando era consejero de la compañía y conocía información relevante no publicada.

Borrell ha insistido en que no utilizó información privilegiada en su condición de consejero de Abengoa para vender esas acciones. No obstante ha explicado que para recurrir la sanción de la CNMV tiene que presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía de un Gobierno del que forma parte, por ello, ha decidido no recurrir.

Ha añadido que ello le plantearía la «anómala situación» de que un ministro recurra ante el Gobierno del que forma parte, «lo cual no me parece políticamente correcto y puede parecer un conflicto de intereses y cualquiera que fuese la resolución del recurso daría lugar a interpretaciones políticamente interesadas».

«Por eso, he decidido, por responsabilidad política, renunciar a la posibilidad de recurrir que ejercería si fuese un simple ciudadano y aceptar la sanción por una falta administrativa que corresponda, aunque esté en desacuerdo con ella y la considere injusta», ha afirmado Borrell.

Asimismo, ha agregado que «fue un error que puede constituir, de acuerdo con nuestra legislación, sólo una falta administrativa» y que no afecta a «las condiciones que establecen mi idoneidad para ejercer una función ministerial».

También ha dicho que, durante toda la tramitación del expediente, mantuvo que no hizo uso de información que hubiera podido obtener en su condición de consejero y está convencido que ello le sería reconocido en caso de acudir a los tribunales de justicia.

El diputado popular García Hernández le ha recordado a Borrell que en otras países la sanción que se le ha impuesto acarrea un delito muy grave y en España lleva «a la inhabilitación para formar parte de cualquier consejo de administración de cualquier empresa, según el Código de Buenas Prácticas y Buen Gobierno», aunque no para formar parte del Consejo de Ministros.