Béjar cobrará 890.000 euros de BBVA con otros 910.000 sujetos a no ser condenado más de un año

El acuerdo entre BBVA y su ex directivo y ex presidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, se ha firmado este viernes en un juzgado de lo laboral de Madrid. Tal y como han dado a conocer las partes después de alcanzarse el acuerdo prejudicial, Béjar, que en la macrocausa de la ‘Operación Tándem’ está siendo uno de los colaboradores más importantes de la Fiscalía a cambio de rebajar su pena, a pactado con el banco azul una compensación de 1,7 millones de euros por abandonar la empresa, aunque parte de este dinero está sujeta a que el directivo andaluz entre o no finalmente en prisión.

El pago se hará de forma prorrateada durante dos años y se pagará de manera mensual empezando el primer pago en el próximo 25 de mayo y acabando en febrero de 2022. Cada mensualidad será de 70.833 euros. Béjar cobrará 890.000 euros de forma consolidada y los 910.000 euros restantes deberá reintegrarlos si finalmente es condenado por sentencia firme con más de un año de prisión. El directivo espera que con su colaboración con la Audiencia Nacional, la condena sea menor.

Según fuentes del banco, la cantidad que cobrará Antonio Béjar no corresponde a una indemnización, sino que viene por el pacto de ‘non copete’ y la cláusula ‘clawback’ correspondiente. Este pacto impide que Béjar pueda volver a trabajar en un banco de la competencia durante un periodo de dos años y no actúa como indemnización, dado que Béjar ha aceptado que su despido sea procedente.

Colaborador de Fiscalía

Una denuncia anónima recibida en la Fiscalía Anticorrupción el 16 de julio de 2019 puso al Ministerio Público sobre la pista y ha sido una de las claves para que la defensa conjunta de los directivos de BBVA, en línea con los argumentos marcados por Francisco González, se derrumbara.

Esta denuncia anónima señalaba a Antonio Béjar como «el que encargó la destrucción de unos documentos procedentes de BBVA», concretamente discos duros y 19 cedés que, según consta en la documentación del sumario, fueron destruidos el 24 de junio por la empresa Normadat.

La Fiscalía advirtió entonces que la persona que debía haber hecho la entrega del material para su destrucción estaba fallecida, tal y como decía la denuncia anónima, y que esto señalaría una «seria irregularidad en el encargo de destrucción de material informático que se llevó a cabo por Distrito Castellana Norte».