Banco Popular prepara el salto al parqué de su inmobiliaria para el primer trimestre de 2017
BNP negociará la absorción de Banco Popular en 2017
La CNMV investiga a Popular por los créditos sospechosos tras la exclusiva de OKDIARIO
Las casas de análisis desconfían de Banco Popular
Según ha podido saber OKDIARIO, Banco Popular ya se ha puesto en contacto con varias entidades para preparar la salida de su sociedad inmobiliaria a Bolsa, algo que el banco que preside Ángel Ron lleva gestando durante más de un año. Una OPV que desde la entidad esperan que solvente los importantes problemas que arrastra Popular, aunque los analistas y expertos no lo tienen tan claro.
Según distintos analistas, la compañía aglutinará en torno a 6.000 millones de euros en activos y la intención de la entidad pasa por colocar la nueva sociedad inmobiliaria entre sus accionistas, sin coste alguno para ellos, como si de un dividendo se tratara.
BdE, CNMV y Economía, tienen que autorizar
Para que la salida a Bolsa siga adelante, Banco Popular ha de conseguir la autorización de Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), además de la del Ministerio de Economía, algo que tampoco es 100% necesario.
Según fuentes conocedoras de la situación, Banco Popular prevé que la sociedad inmobiliaria esté cotizando en el parqué madrileño en el primer trimestre de 2017. Para ello, la entidad habrá de convocar una Junta General de Accionistas y lograr que éstos aprueben la escisión del activo inmobiliario.
Presidente y CEO
Fuentes financieras han señalado a OKDIARIO que, por el momento, no se sabe ni quién será el presidente ni quién será el Consejero Delegado de la nueva firma inmobiliaria, si bien es cierto que lo más seguro es que ambos vengan del sector.
Según distintas fuentes, la entidad ya tiene identificados todos los activos que formarán parte de la nueva sociedad cotizada, sobre la que no se prevé que realice nuevas provisiones. Popular, de hecho, tiene previsto destinar este año cerca de 4.500 millones de euros a subir las provisiones en todos sus activos improductivos –la mayoría inmobiliarios-, además, claro, del coste del ajuste que afectará a cerca de 3.000 empleados.
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