Las bajas por incapacidad temporal abren un agujero de 33.000 millones y ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema

El gasto en incapacidad temporal por contingencias comunes alcanzó en 2025 los 33.000 millones de euros, lo que supone un gran agujero para la economía española, ya que supone un 14% más que en 2024 y más de un 60% de incremento en la última década.

De esta forma, los expertos consideran que el gasto por incapacidad temporal supone una amenaza a la sostenibilidad económica, sanitaria y social de España.

«La incapacidad temporal tiene un impacto que trasciende el gasto
económico, además de que este fenómeno también afecta a la eficiencia sanitaria y la legitimidad institucional. Asimismo, la prestación es confusa o inadaptada, al igual que genera incertidumbre en la planificación de las empresas y tensiones laborales», explica Alberto Giménez, presidente de la Fundación Economía y Salud.

Los expertos también señalan que la incapacidad temporal en España es tan compleja y costosa que requiere una reforma estructural urgente enfocada en la sostenibilidad, la eficiencia y la responsabilidad compartida.

Por tanto, para abarcar este problema sería necesario una transformación institucional para instaurar un nuevo paradigma enfocado en reducir la burocracia y los trámites administrativos, según indica el informe La Incapacidad Temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma.

En esa línea, la propuesta del informe se basa en cinco mandatos para la
modernización del sistema:

• Gobernanza integrada: Convertir la IT en un proceso sistémico bien gobernado
  por todos los actores.
•  Proteger sin cronificar: Salvaguardar la salud evitando la dependencia
  prolongada e innecesaria.
• Renta sin desincentivos: Garantizar la protección económica sin minar la
  cultura preventiva.
• Equidad eficiente: Preservar los derechos eliminando inercias operativas
  ineficientes.
• Corresponsabilidad: Alinear bajo un mismo

«La IT no es un gasto: es un pacto social. España tiene un grave problema de complejidad institucional en torno a ella derivado de una colaboración público-privada mal organizada, en la que ninguno de los sujetos controla el procedimiento» advierte Purificación Morgado, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Salamanca, señalando que, como resultado, el modelo actual «no asume su coste financiero y prioriza los objetivos asistenciales frente al impacto económico de las incapacidades temporales».

Entre sus conclusiones, la experta también destaca la «urgencia de alcanzar un pacto amplio que actualice el Real Decreto de Enfermedades profesionales e introduzca los riesgos psicosociales». Además, llama a favorecer la colaboración público-privada «ante la saturación del sistema» y a establecer un sistema híbrido «público en universalidad y privado en agilidad». Por último, apela a criterios de eficiencia para justificar la necesidad de potenciar la formación médica en el ámbito laboral y económico, así como lograr la interoperabilidad de los sistemas de información.