Avia tomará medidas contra el franquiciado que despidió a sus empleadas por no llevar minifalda
Avia estudia tomar medidas legales contra el franquiciado de la provincia de Córdoba que optó por despedir a seis empleadas que se negaron a llevar un uniforme con minifalda.
Ante el revuelo generado en las redes sociales, desde la dirección de Avia lamentan esta situación y aclaran que “el uniforme oficial de la compañía no lleva minifalda”. “Es el único uniforme admitido tanto en la zona de pista como en la tienda”, explican desde la compañía, que recuerda, además, que “es de uso obligatorio para todos los empleados de la red, sean hombres o mujeres”.
Precisamente por ello, desde Avia estudian tomar medidas legales contra el franquiciado en cuestión, que se podría quedar sin su gasolinera o, por lo menos, sin la franquicia.
“Cualquier otra equipación está taxativamente prohibida en nuestro libro de estilo, y ningún propietario de estación de servicio puede utilizar una vestimenta alternativa, ni mucho menos puede incluir la marca Avia en una prenda no oficial”, recuerdan fuentes oficiales de la gasolinera, desde donde explican que se encuentran “recabando toda la información relevante que nos permita conocer los hechos concretos y adoptar todas las medidas que estén a nuestro alcance”.
En cualquier caso, desde la compañía dicen sentir profundamente lo sucedido, ya que “está afectando injustamente al resto de estaciones abanderadas por la marca, a sus propietarios y a todos los trabajadores”.
El Instituto de la Mujer a la carga
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) está asesorando «sobre los pasos a seguir» en el ámbito jurídico a las seis empleadas de la gasolinera de La Carlota (Córdoba) que afirman haber sido despedidas por haberse negado a llevar minifalda durante su jornada laboral, cuando el uniforme de trabajo prescrito es un pantalón.
En relación con ello y en declaraciones a Europa Press, la coordinadora provincial del Instituto en Córdoba, Ana Díaz, ha explicado que en su departamento han conocido el caso, en primer término, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, al que acudieron las trabajadoras afectadas y donde fueron atendidas por una asesora jurídica.
A partir de aquí, según ha explicado Díaz, «desde el IAM se les ha indicado los pasos a seguir» jurídicamente, «si es que ellas lo ven oportuno», en cuanto a denunciar lo ocurrido, pues «están vulnerando sus derechos como trabajadoras».
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