La Audiencia inadmite la querella contra Uber y Cabify por la que acusan a Elpidio de cobrar 1,2 millones

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la inadmisión y archivo de una querella presentada por cientos de taxistas profesionales contra Cabify, Uber y otras empresas de VTC y sus administradores por delitos de estafa, contra la hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, administración desleal, blanqueo de capitales y alteración del precio de las cosas con engaño.

Esta querella, cuyo contenido fue adelantado este miércoles por OKDIARIO, fue presentada por el ex juez Elpidio José Silva, y según fuentes de los taxistas habría cobrado 1,2 millones de euros por ella junto con una acción civil. Fueron, según aseguran los taxistas, 605 euros que pagaron religiosamente unos 2.000 taxistas.

Precisamente este mismo jueves, el taxista Tito Álvarez, que promovió la querella y la demanda de Elpidio Silva, ha reconocido haber cobrado «tres o cuatro comisiones» relacionadas con movimientos contra Uber, Cabify y las VTC: «Todos tenemos que vivir», ha manifestado. El líder sindical ha reconocido haber firmado un contrato mercantil para cobrar un 15% de lo recaudado.

Según ha comunicado la Audiencia Nacional, esta querella que estaba dirigida contra 39 personas físicas y 18 empresas entre las que estaban Uber, Cabify, Moove Cars (Jaime Castellanos), Vector Ronda Teleport (Rosauro Varo), Ares Capital y otras, no está adecuadamente planteada.

La magistrada Tardón considera que “la querella parte de una premisa falsa que es la de considerar que la conducta desplegada por los querellados se ha producido en un mercado libre y carente de regulación, cuando no es así”.

Para la juez, frente a lo que sostiene la querella, es evidente que se trata de un sector fuertemente intervenido y sometido a regulación estatal , autonómica y local, por lo que no pueden aceptarse los hechos de la querella, máxime cuando lo que se señala es que la conducta de los VTC gira en torno al <engaño> que se causa a los consumidores al ofrecer tales servicios.

No se puede manipular

Dice la juez que la querella de Elpidio José Silva que tenía el supuesto apoyo de unos 2.000 taxistas, «omite que no existe ni la posibilidad de manipulación de los precios en un sector intervenido ni tampoco un engaño a los consumidores que pagan por un servicio que aceptan libre y anticipadamente, no pudiendo apreciarse, en consecuencia, la principal conducta delictiva descrita que es, precisamente, la que arrastra los demás delitos conexos o derivados que se invocan en la querella».

Tampoco hay, asegura, delito de estafa y fraude a la Hacienda pública que giran igualmente alrededor del mencionado elemento típico del engaño.

En cuanto a los restantes delitos, explica la magistrada, esto es, contra los derechos de los trabajadores, administración desleal y blanqueo de capitales no podrán ser objeto de enjuiciamiento en la sede de la Audiencia Nacional al no encontrase entre los de su competencia.

Esta querella se va a presentar también en juzgados locales para buscar que puedan investigarla al sí declararse competentes.