ATA urge al Gobierno una prestación extraordinaria para los autónomos afectados por el volcán

La organización de autónomos ATA ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que en el Consejo de Ministros del día 28 apruebe de forma urgente una serie de medidas extraordinarias para los trabajadores por cuenta propia de La Palma afectados por la erupción del volcán.

En concreto, ATA reclama al Ejecutivo la aprobación de una prestación extraordinaria por cese de actividad para aquellos autónomos de La Palma que se hayan visto obligados a suspender su actividad por causas de fuerza mayor.

Dicha prestación consistiría en el equivalente al 75% de su base de cotización durante los seis próximos meses, tengan o no tengan periodo cotizado. Además, pide que durante ese mismo periodo los autónomos queden exonerados al 100% del pago de cuotas a la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, ATA demanda ampliar seis meses la tarifa plana de autónomos para aquellos que actualmente sean beneficiarios de la misma, así como exonerar al colectivo afectado de la presentación de las obligaciones tributarias de la AEAT y de la Agencia Tributaria Canaria de los dos últimos trimestres trimestre de 2021 y de los dos primeros de 2022.

Aplazar las obligaciones tributarias

Otras medidas reclamadas por ATA para los autónomos afectados por la erupción del volcán pasan por aplazar el pago de las obligaciones tributarias en los cuatro trimestres mencionados en 12 plazos sin intereses, y en la concesión de ayudas directas para paliar las pérdidas en los ingresos de explotación.

ATA plantea que estas ayudas directas alcancen el 75% de los ingresos de explotación de la actividad del cuarto trimestre de 2020, y que no se vinculen a gastos determinados, sino a compensar las pérdidas de actividad, como en el modelo alemán.

Asimismo, la organización de autónomos pide préstamos blandos ICO para la rehabilitación y/o reconstrucción de inmuebles de carácter profesional, comercial e industrial, así como explotaciones agrarias y ganaderas y la actividad de pesca, con un plazo de devolución de al menos 10 años y avalado por el Estado.