Arranca el plazo para liquidar el Impuesto a las ‘grandes fortunas’

El plazo para abonar el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (IGF) se mantendrá abierto entre el 1 y el 31 de julio. El Ministerio de Hacienda justifica estas fechas porque los contribuyentes que tengan que abonar el impuesto de solidaridad podrán deducirse la cuota «efectivamente satisfecha» del impuesto de patrimonio autonómico, cuyo plazo de pago termina el 30 de junio.

El impuesto de solidaridad para las grandes fortunas, que en principio estará en vigor durante dos años, grava los patrimonios de más de 3 millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros, con unos tipos que van desde el 1,7% al 3,5% para fortunas de más de 10,7 millones.

En el impuesto a las ‘grandes fortunas’ es posible deducirse la cuota abonada en concepto de impuesto de patrimonio autonómico, por lo que afectará fundamentalmente a los contribuyentes de las comunidades autónomas que lo tienen bonificado.

Nuevo impuesto

El impuesto a las ‘grandes fortunas’ ha supuesto una encerrona para las autonomías del PP que han bonificado el Impuesto de Patrimonio (Madrid) o las que preveían hacerlo (Andalucía y, parcialmente, Galicia). Ahora, los presidentes de esta autonomías se encuentran en la tesitura de tener que decidir entre reinstaurar el tributo o permitir que lo cobre Pedro Sánchez y se quede con su recaudación.

No obstante, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, derogará este impuestazo, aprobado por la Ley 38/2022 del pasado 27 de diciembre; «aproximadamente en septiembre» de este año, lo que «llevaría a su no aplicación para el ejercicio 2023 que se declara en 2024». Así lo han confirmado en exclusiva fuentes de la formación azul a OKDIARIO.

Se trata de una concreción del anuncio realizado el pasado 31 de mayo por el líder popular en el Círculo de Economía de Barcelona, donde prometió ante los empresarios catalanes la eliminación de este impuesto aprobado por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez; además de la devolución del Impuesto sobre el Patrimonio (IP) a las comunidades autónomas, para que éstas puedan en su caso bonificarlo, como el propio político hizo en Galicia. Según los populares, se trata de «devolver al autonomía fiscal a las comunidades autónomas», como pidieron en su momento.

Con la inmediata derogación del impuesto, el PP trazaría una ruta económica de bajada drástica de la presión fiscal que sufren los españoles. También de un mayor respeto a la seguridad jurídica de cara a la credibilidad frente a los socios europeos.