Denuncias

Aprobado un real decreto que avala denuncias anónimas si hay abuso de mercado

El Gobierno ha aclarado que el decreto se refiere a la necesidad de incluir el canal de denuncias

La norma europea fue adoptada en 2015 y debía ser traspuesta

Pedro Sánchez
La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa este lunes en el Palacio de la Moncloa

El consejo de ministros ha aprobado este viernes un real decreto «ómnibus» que traspone varias directivas comunitarias y que entre otras cosas contempla denuncias anónimas en caso de abuso de mercado, con objeto de proteger a los usuarios.

Según ha aclarado la ministra portavoz, Isabel Celaá, el decreto se refiere a la necesidad de incluir el correspondiente canal de denuncias a las infracciones a la norma y a las obligaciones de comunicación e intercambio de información entre la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

La norma europea, que fue adoptada en 2015 y debía ser transpuesta por los países a más tardar el 3 de julio de 2016, contiene disposiciones para proteger a las personas que advierten de infracciones o posibles infracciones sobre las reglas de abuso de mercado.

Asimismo, detalla el sistema de seguimiento de las denuncias y de protección de los datos personales de los delatores, entre otros aspectos, y hace referencia a la obligación de facilitar una comunicación anónima de los ciudadanos con las autoridades competentes a través de canales «independientes y autónomos», además de poner a disposición del denunciante personal especializado para tratar estas demandas.

Un espacio en CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió en enero de este año en su página web un espacio para efectuar denuncias anónimas sobre la comisión de infracciones de la regulación y de la operativa de los mercados de valores.

Asimismo, se ha puesto en marcha la autoridad única competente para la resolución de litigios de consumo en el sector financiero que se ocupará de las reclamaciones que hasta ahora gestionaban la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Celaá ha explicado que el decreto afecta a los servicios de pago y ofrece «garantías que benefician a los usuarios», para lo cual el Ministerio de Economía ha realizado «un trabajo muy fino».

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