Anfac y los sindicatos se unen por primera vez para pedir al Gobierno que no maltrate al automóvil

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José López-Tafall, director general de Anfac

«Hay que impulsar un nuevo sistema de movilidad en el que no se criminalice al coche, se proteja a la industria y se garantice el empleo del sector». Por primera vez en la historia, Anfac y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han firmado un manifiesto -enviado al Gobierno- en el que se critica abiertamente la política del Ejecutivo, que pone en riesgo la industria y los puestos de trabajo de esta actividad económica, y se demanda una interlocución única hasta ahora inexistente.

«España debe definir su propio modelo de movilidad, que sea a la vez compatible con el cumplimiento del objetivo de descarbonizar la economía y con el mantenimiento y desarrollo de una industria clave para el crecimiento y el empleo de nuestro país. Un modelo que no deje a nadie atrás y que, a la vez, considere la automoción un sector estratégico y de futuro», se lee en las primeras declaraciones de intenciones del manifiesto.

La insólita alianza entre la patronal y los sindicatos responde al descontento con la estrategia de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha impuesto unos plazos para la implantación del coche eléctrico muy exigentes -el vehículo de combustión deberá desaparecer en 2035 de acuerdo con los plazos establecidos por la Comisión Europea-, pero que no ha conseguido impulsar la logística necesaria para la recarga de este tipo de automóviles ni tampoco ha atendido las tradicionales reivindicaciones del sector, que consisten en que la adquisición de los nuevos automóviles cuenten con ayudas fiscales y sean deducibles en el Impuesto de la Renta y en el de Sociedades. «No ha sido capaz de arrancar una sola concesión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero», asegura José López-Tafall, director general de Anfac.

Tanto la patronal como los sindicatos exigen que «las políticas públicas se articulen para retener y atraer inversiones para el sector de la automoción convirtiéndose en palanca para fomentar la reindustrialización y haciendo que nuestro país sea un lugar atractivo para los flujos de capital, que les ofrezca todas las facilidades posibles, buenas condiciones, seguridad jurídica y predictibilidad de los escenarios tendenciales a futuro».

Todos los firmantes del manifiesto trasladan al Gobierno que «el sector de la automoción debe ser un proyecto de país dada su alta relevancia para la economía española y para el modelo de desarrollo social gracias a sus aportaciones al empleo, a la fiscalidad y al PIB» y piden un reforzamiento de las deducciones fiscales por I+D+i e inversión industrial, así como una tributación atractiva en la línea de la UE que fomente la innovación de productos y procesos, de manera que esta sea cada vez más eficiente, fomente el desarrollo industrial y nos acerque al resto de países europeos».

A juicio de Anfac y de los sindicatos «es necesaria una reforma fiscal más orientada al uso, que premie y a la vez incentive la adquisición de vehículos eléctricos, pero sin penalizar la compra de un coche nuevo independientemente de su tecnología, pues esa compra supone una renovación del parque hacia uno más limpio y eficiente». Según los firmantes del Manifiesto, que supone una reprobación en toda regla a la estrategia actual del Ejecutivo, «hay que multiplicar por 25 los 15.000 puntos de recarga actuales, hasta alcanzar los 340.000 necesarios para el objetivo previsto de 5 millones de vehículos».

En su opinión, de nada sirve que el mercado ofrezca vehículos electrificados si no hay una infraestructura de recarga desplegada por todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de los ciudadanos no tienen plaza de garaje y que, por lo tanto, «la infraestructura de recarga debe desplegarse lo más rápido posible, acompañando toda la evolución de la industria, y sin perder de vista la España más rural».

El sector del automóvil representa el 10% del PIB nacional, origina el 15% de toda la recaudación fiscal y reúne el 9% del empleo a lo largo de toda la cadena de valor, según las estadísticas disponibles.

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