El alza de las cotizaciones sociales reducirá un 6% las horas trabajadas y la productividad del país

El aumento de las cotizaciones sociales previsto por el ministro José Luis Escrivá para financiar la reforma de las pensiones no sólo afectará al empleo sino, lo que es más importante, al número de horas trabajadas, es decir a la ocupación real en el país. Antes del inicio de la pandemia del COVID-19, un informe de expertos recogido por el Instituto de Estudios Económicos, el think tank de la patronal de empresarios, calcula que cada punto de aumento de las cotizaciones está asociado a -0,45 puntos de tasa de empleo, pero que este aumento tiene igualmente graves repercusiones sobre las horas trabajadas totales.

Al considerar las diferencias de productividad (PIB por hora trabajada) entre los países de la UE  se observa que un aumento de 10 puntos en el tipo implícito de las cotizaciones sociales, como el que se va a producir en España, provocará un 6 por ciento menos de horas totales trabajadas sobre la población en edad de ocuparse -según un estudio del economista Prescott-, y que esta correlación es estadísticamente muy negativa porque perjudicará gravemente la productividad, dado que todas las previsiones de los servicios de estudios españoles, más las instituciones internacionales como el FMI, la Comisión Europea o la OCDE descuentan que la actividad económica se va a desacelerar este año respecto a 2022 y es muy difícil que crezca el 2,1 % como ha pronosticado la vicepresidenta Calviño.

En conjunto, y en términos generales- sin tener en cuenta las horas trabajadas, todos los analistas recabados por el IEE opinan que la subida de cuotas deteriorará la competitividad fiscal de las empresas y la propia creación de empleo, con una destrucción de puestos de trabajo que podría cifrarse de entre cien mil y 190.000 en el mejor de los casos. Asimismo, el informe apunta a un retroceso del PIB del 0,6 % por la caída tanto del consumo como de la inversión privada a largo plazo, pues el coste laboral crecería en ese mismo porcentaje, mientras que el salario neto disminuiría un 2 %.

Los expertos que han elaborado el informe avisan también de que «los efectos serán mayores si se producen nuevos aumentos de las cotizaciones sociales», hasta el punto que, en su escenario más adverso, el IEE calcula que los citados efectos puedan ser entre dos y tres veces superiores. A este respecto, el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, asegura que el aumento de las cuotas sociales «afectará al empleo, a la tasa de paro y degenerará en el  empobrecimiento de la economía española a medio y largo plazo», y se ha mostrado sorprendido de que «la mejora de la tasa de ocupación -medida en términos de horas trabajadas-, no sea una de las prioridades de la política económica».

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se ha pronunciado repetidamente sobre la reforma de las pensiones y sus consecuencias, y  ha comparado la subida de cotizaciones con una «derrama» (de una comunidad de vecinos) para «cerrar un agujero» (el gasto en pensiones), y ha apuntado que la reforma penaliza  la captación del talento. Garamendi ha señalado que, de no ser por la subida de las cotizaciones que conlleva la reforma, el acuerdo salarial pactado con los sindicatos «podría haber sido mejor», ya que el incremento de los costes laborales habría ido a los salarios «y no a tapar agujeros».

La semana pasada, el responsable de CEOE aseguró que si las cotizaciones en España estuvieran al mismo nivel que en Europa, «los salarios subirían más de dos dígitos» y afirmó  que las cotizaciones en España superan, en media, en un 30% a las europeas, y eso es un coste que «deja maltrecho el bolsillo de las empresas para subir los salarios».

En el informe general  del IEE presentado hace unos días, se asegura que la reforma de las pensiones está «desalineada» con los países del entorno, ya que se centra en el incremento de los ingresos sin «mecanismos automáticos de ajuste», porque no tiene en cuenta las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE) y porque eleva las cotizaciones sociales frente al PIB a niveles máximos tanto a nivel europeo como de la OCDE. De acuerdo con el estudio, y con datos de 2021, las cotizaciones sociales de las empresas españolas suponían el 10 % sobre el PIB, mientras que la media europea era del 5,6 %; y calcula que para 2050, con la reforma completamente implantada, ese porcentaje en España subirá hasta el 10,7 %, situándose a la cabeza de los países de la OCDE.

«La solución al problema de las pensiones es aumentar la empleabilidad y, si se aumenta el coste de contratación, como esta reforma propone, nos alejamos más de ese objetivo», según Gregorio Izquierdo. El informe apunta que el déficit de la Seguridad Social se situará en el 1,8 % del PIB este año, «pese a las transferencias que recibe del Estado».