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Economía
Se requisaron móviles y ordenadores sin notario, aseguran

Altos cargos ‘purgados’ en Duro Felguera denuncian que el ‘forensic’ fue ilegal

Ex altos cargos de Duro Felguera, que han sido ‘purgados’ por la cúpula de la compañía en base a una investigación interna o ‘forensic’ que ha desvelado que cometieron supuestas irregularidades y ataques contra la reputación de la firma, denuncian que ese informe es ilegal. Fuentes del entorno de los cinco directivos despedidos entre julio y, más recientemente, ahora en octubre, han señalado a este diario que se les requisaron ordenadores y móviles de empresa sin la presencia de un notario y sin cumplir con la obligada jurídicamente cadena de custodia de ese material.

En julio fueron despedidos de Duro Felguera el número dos de la firma, Javier García, y el director de Recursos Humanos, Alfonso Gordon. Posteriormente, en octubre, como ha adelantado este lunes este diario, le tocó el turno a Ignacio Rodríguez, Director de Compras Corporativo, a Juan José Herrero, Director de Organización y Métodos, y a Roberto Pérez, Director de Riesgos.

«Se les requisaron ordenadores y móviles sin la presencia de un notario que certificara qué había en esos dispositivos. Legalmente no tiene validez porque la empresa ha podido añadir lo que ha querido a los ordenadores o los móviles. No hay notario y no hay cadena de custodia del material, algo obligado jurídicamente», denuncian estas fuentes.

Fuentes oficiales de la empresa que dirige ahora José María Orihuela, ex de Sacyr, aseguran que «la dirección de Duro Felguera niega tajantemente que la decisión de la compañía de proceder a los recientes despidos disciplinarios de varios directivos venga motivada por motivos espúreos, discriminatorios o fraudulentos. Dichos despidos se han realizado con pleno cumplimiento por la empresa de todos los requisitos legalmente previstos y por considerar que concurren incumplimientos muy graves de las obligaciones laborales por parte de los afectados. La empresa se ha visto obligada a ejercer su potestad disciplinaria para salvaguardar los intereses y reputación de la compañía y utilizará los medios de defensa a su alcance para acreditar en sede judicial dichos incumplimientos».

‘Forensic’ polémico

En una nota de la dirección enviada a la plantilla del grupo el 25 de septiembre, la cúpula de Duro Felguera explica que «durante el mes de julio el Consejo de Administración decidió iniciar una investigación interna -‘forensic’- a la alta dirección de la compañía, la cual fue realizada por KPMG Asesores de forma correcta y respetuosa con los derechos de todos los afectados, incluidos los miembros del Consejo».

«El análisis realizado -continúa la nota- ha detectado actuaciones irregulares cometidas por empleados del grupo y otras personas ajenas al mismo. Estas acciones han provocado una grave pérdida en la credibilidad de la compañía, y hubieran podido, incluso, haber comprometido su viabilidad, ya que podrían estar detrás de las fluctuaciones que ha tenido nuestro valor en bolsa en los últimos meses. Ante tales hallazgos, el Consejo ha acordado ejercitar cuantas acciones le correspondan en Derecho ante las instituciones y organismos correspondientes con el fin de garantizar lo siguiente: el cese inmediato de las irregularidades identificadas y la desvinculación de la sociedad de aquellas personas que las han cometido».

La compañía señala por tanto que se trata de despidos disciplinarios con coste cero para la empresa que se deben a lo descubierto en el ‘forensic’. Mientras, los damnificados denuncian que se trata de una purga para sacar de la empresa a ejecutivos que llevan mucho tiempo en la compañía y que ‘molestan’ al nuevo consejero delegado en sus planes de gestionar la compañía sin control interno. «En realidad este es el fondo del asunto. Por eso ni se ha dignado a contestar a Blas Herrero cuando le ha propuesto un plan de salvamento para la empresa. Solo quiere que le llegue el dinero de la SEPI para seguir en el cargo», aseguran fuentes cercanas a los ex directivos.

Se basan en que las acusaciones son por escribir mensajes en el foro económico Rankia que supuestamente perjudicaban la reputación de la empresa y afectaban al precio de la acción. Una acusación que han negado los directivos en un mensaje de despedida enviado a la plantilla.