La Comisión Europea advierte: todavía no va a analizar la reforma laboral española

La Comisión Europea ha advertido este lunes de que no se pronunciará sobre la reforma laboral hasta que España no gestione la petición del nuevo tramo de los fondos europeos, que asciende a 12.000 millones, según explicó en una rueda de prensa la portavoz de Economía del Ejecutivo comunitario, Veerle Nuyts. La entrega de ese dinero está supeditada a que Bruselas quede satisfecha con la nueva norma.

Nuyts no ha entrado en la polémica aprobación de la norma en el Congreso y se ha limitado a afirmar que se trata de un «buen ejemplo» del diálogo social por implicar a sindicatos y patronal en el plan de recuperación español.

«Como ya habíamos dicho, celebramos que esta reforma sea objeto de un acuerdo de los agentes sociales y esto constituye un buen ejemplo en lo que respecta a su participación en la puesta en marcha del Plan de Recuperación y Resiliencia», señaló.

«Vamos a proceder a hacer nuestra evaluación de esta reforma en el marco de la próxima solicitud de fondos que presente España», añadió la portavoz económica de la Comisión Europea.

El Congreso convalidó el pasado jueves el decreto ley de la reforma laboral por un solo voto de diferencia emitido telemáticamente por un diputado del PP, un hecho que permitió salvar la norma pactada por el Gobierno con los agentes sociales y evitar que fuese derogada con los dos votos en contra de los dos diputados díscolos de UPN.

Algunos aspectos clave de esa reforma (en especial la reducción del número de contratos para atajar la temporalidad y los cambios en la negociación colectiva) forman parte de los cuarenta hitos y objetivos de los que depende el segundo pago a España del fondo de recuperación, el mayor de todos los previstos hasta 2026.

Los 12.000 millones de este desembolso solo llegarán a las arcas públicas españolas si Bruselas determina que se han cumplido todos los requisitos pactados con las autoridades comunitarias.

Si no es el caso, la Comisión Europea podría proceder a suspender el pago o a reducir su cuantía, dependiendo del grado de incumplimiento de los hitos y objetivos