Economía
El Gobierno prometió contratar a 1.000 personas

El 20% del refuerzo prometido por Díaz para tramitar los ERTE en el SEPE aún no se ha incorporado

Mientras miles de personas siguen sin cobrar la prestación pública prometida por el Gobierno para los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), sumando ya tres meses sin cobrar un euro ni de su empresa ni del Ejecutivo, casi un 20% de los refuerzos prometidos por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para apoyar a la plantilla del SEPE en la tramitación de los expedientes aún no se ha incorporado.

La titular de Trabajo, de Podemos, ha reiterado en numerosas ocasiones en el Congreso y en otras comparecencias públicas que el Gobierno «hemos contratado a 1.000 personas» para reforzar la plantilla del SEPE y agilizar el pago de las prestaciones. Se defendía, de esta manera, de las críticas por dejar sin cobrar durante meses a un número importante de familias.

La realidad es bien distinta. Según fuentes del CSIF, sindicato mayoritario en el SEPE, a día de hoy se han incorporado 820 personas de las 1.000 prometidas. Y ya han pasado casi tres meses desde la aprobación del estado de alarma y de la figura de la prestación para los trabajadores que se vieran inmersas en un ERTE. A fecha 14 de mayo, la cifra era de «algo más de 700», según las mismas fuentes. Estos interinos se incorporan por un periodo de seis meses, prorrogable a nueve. A unos días de que finalice el estado de alarma, aún no han llegado los refuerzos prometidos hace meses.

No queda aquí la situación. Porque el número de contratados por Trabajo para el SEPE apenas supone la incorporación de una persona por cada oficina. «Los 820 contratados son para 711 oficinas de atención presencial, 52 oficinas de atención telefónica, 52 direcciones provinciales (que dan apoyo a las oficinas presenciales) y los Servicios Centrales del Organismo», explican fuentes sindicales.

«No ayudan, entorpecen»

Pero, además de que el Gobierno no ha cumplido lo prometido, la propia decisión de contratar a personas que no conocen el procedimiento de las ayudas supone más un problema que una solución, según la plantilla del organismo.

«Nosotros estamos tramitando siete tipos de ayudas aprobadas por el Gobierno, no solo los ERTE. Hay otras seis, además de las prestaciones ordinarias. Somos 6.000 empleados dedicados a tramitar expedientes que afectan a siete millones de personas. Y no es tan sencillo como meter el DNI en el ordenador y ya te sale la prestación. No, no. Hay mucha casuística y hay que conocer bien el proceso y estudiar bien los datos para sacarlo adelante. No se hace en un minuto», explican desde CSIF.

«Este trabajo no se aprende en un mes ni en dos. Hay muchísima normativa, plazos, excepciones… Sólo nos entorpece que entre gente nueva. Hay empleados que están enseñando a los nuevos en vez de estar tramitando expedientes. Pero así se ponen la medalla de que han reforzado…», explica un empleado no adscrito a CSIF.

La realidad es por tanto muy diferente a lo que se ‘vende’ desde el Gobierno. También en lo referente al número de expedientes tramitados y al número de personas que quedan sin cobrar casi tres meses después. Desde el Gobierno se señala que el 98% están tramitados y pagados, algo que niegan desde el CSIF.

«Es imposible saber en estos momentos cuántos expedientes faltan por tramitar. La aplicación informática que tenemos no te lo dice. Sabemos los que están metidos en el ordenador, pero no los que faltan por meter. Y de los que ya están en el ordenador, los hay que han dado error y hay que volver a empezar porque hay algún dato mal», explican. «Nuestros cálculos es que, de los que están en el ordenador, el 14% de 4,2 millones de personas no ha cobrado, unos 400.000», insisten.

Huelga

La sobre explotación laboral que está sufriendo la plantilla, y la falta de un plan de pago de esas horas extra -como sí se va a hacer con los empleados del INSS que tramitarán el ingreso mínimo vital- ha provocado que parte de los trabajadores haya amenazado con ir a la huelga si no se pagan las horas trabajadas y no se garantiza la seguridad en las oficinas antes de la reapertura por el coronavirus.

El CSIF ha emitido este miércoles un comunicado en el que se desmarca de esa amenaza y la reduce a «un grupo que se ha formado en una conocida red social, y por parte de un número reducido de trabajadores del Organismo que no responden a ninguna organización sindical».

Fuentes de los empleados que han lanzado esta amenaza insisten sin embargo en que la situación de la plantilla debe cambiar urgentemente. «Aguantamos la discriminación salarial y promocional frente a los servicios de empleo, que no emplean, frente a Seguridad Social, que ni de cerca tiene una carga de trabajo como tenemos nosotros. Esto no puede seguir así», aseguran estas fuentes.

Estaba previsto que este jueves se reunieran los sindicatos con los altos cargos del SEPE para tratar, entre otros asuntos, el pago de las horas extra y las condiciones sanitarias y de seguridad para la reapertura de las oficinas. Sin embargo, la reunión ha sido aplazada.