El superjuez del deporte español, imputado por falsear y amañar sus sentencias

Un tribunal para ajusticiarlos a todos. Posiblemente fue esto lo que pensó en su fuero interno Miguel Cardenal cuando el 31 de enero de 2014 veía la luz el Real Decreto que aprobaba la creación del Tribunal de Administrativo del Deporte (TAD) para asumir las funciones del Comité Español de Disciplina Deportiva -dedicado a la resolución final sobre sanciones- y la Junta de Garantías Electorales -procesos electorales-. 400 resoluciones después lo que parece evidente es que este órgano colegiado nació con una segunda intención.

Siete licenciados en derecho componen el TAD. Cuatro de ellos vienen elegidos a dedo por Cardenal y tres a propuesta de las Federaciones. Esta circunstancia asegura al presidente del CSD elegir la resolución final de cada caso. Pero ahí no queda la cosa. La segunda de las funciones del organismo establece que una de las misiones esenciales del tribunal es “tramitar y resolver expedientes disciplinarios a requerimiento del Presidente del Consejo Superior de Deportes o de su Comisión Directiva”. En otras palabras, Cardenal posee la capacidad de sentar a cualquier persona del deporte español en su particular banquillo de los acusados.

Dicho poder ha permitido a Cardenal ir ajusticiando uno por uno a todo aquel que no ha hecho caso de sus directrices. Sin embargo, la mayoría de presidentes de Federaciones sancionados -ya ha tenido tiranteces con una decena de ellos- ha acudido a la justicia ordinaria con resultados no muy favorables para el TAD, que ahora ve cómo su presidente ha sido imputado por “prevaricación administrativa” y “falsedad”. José Luis Escañuela, ex presidente de la Real Federación Española de Tenis, puso en duda la imparcialidad del TAD cuando fue inhabilitado y expuso que había entregado toda la documentación que el CSD le solicitó para suspenderle. Ahora la justicia ordinaria dictaminará quién tiene razón.

Arnaldo dispone de la confianza plena de un Cardenal que le eligió por su larga trayectoria y por su cercanía familiar. No en vano, trabajó con el padre del jefe del CSD cuando éste era Fiscal General del Estado y Arnaldo ostentaba el cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial. Los otros tres miembros del TAD elegidos por el CSD han tenido o tienen un papel importante en la ascensión de Cardenal hasta su actual puesto.

Pese a estar imputado, Arnaldo no ha dimitido de su cargo ni previsiblemente lo hará hasta que no le quede más remedio. El PSOE ha pedido la comparecencia de Cardenal en el Congreso, mientras que Convergencia ha solicitado la presencia de Arnaldo en el Senado por el caso. Viendo lo violento de la situación, Cardenal ya está moviendo fichas para elegir a un vicepresidente -de su cuerda- en caso de que el actual presidente tuviese que renunciar en las próximas fechas. El 18 de noviembre está citado Arnaldo a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de imputado por los delitos de “prevaricación” y “falsedad documental”.