Miguel Zorío denuncia ante la Agencia Antifraude a la alcaldesa de Valencia por prevaricación

Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista, ha presentado esta misma semana una denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude, responsable de controlar la legalidad de todos los procedimientos administrativos en la Comunidad Valenciana, a la alcaldesa María José Catalá y a otros 28 concejales de Valencia por prevaricación tras aprobar el pelotazo urbanístico de Peter Lim con el Nuevo Mestalla.

En la denuncia, aporta el informe del letrado municipal, Manuel Latorre, que ya en mayo avisó a la Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que si se votaba la moción que intentaba legalizar el pelotazo urbanístico de Peter Lim con el Nuevo Mestalla, los concejales cometerían un claro delito de prevaricación, lo que conlleva una responsabilidad personal y patrimonial de los ediles. Tas la lectura de ese informe, la moción no fue votada en mayo, aunque si que lo fue en el pleno de julio, impulsada por la propia Alcaldesa y apoyada por PP, PSOE y COMPROMÍS.

En la denuncia, el ex vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío recuerda que el secretario Municipal, Manuel Latorre Hernández, presentó un informe taxativo antes del pleno del ayuntamiento de mayo de 2024, que impidió que se debatiera una moción idéntica a la aprobada en julio. En dicho informe, Latorre afirmaba textualmente que «consideramos que la propuesta de acuerdo contenida en este punto tercero de la moción es contraria a derecho, y ello por las razones que pasamos a exponer a continuación: la licencia de edificación es un acto declarativo de derechos (tendente a remover los obstáculos que se oponen al libre ejercicio de un derecho que preexistía en el patrimonio del solicitante) y eminentemente reglado (no sujeto a criterios de oportunidad)».

«Y es por ello que analizada la vigente normativa valenciana en materia de urbanismo, en el texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell (TRLOTUP) no encontramos norma alguna que faculte a la administración municipal para exigir al peticionario de una licencia de edificación en suelo urbano una fianza por el valor total de las obras, por lo que tal exigencia carece de cobertura jurídica en la vigente normativa urbanística», continúa diciendo.

«Por todo ello, no existiendo norma jurídica que ampare al Ayuntamiento para exigir una fianza por el valor total de las obras de edificación al solicitante de la licencia, y no habiendo sido asumida tampoco dicha obligación de forma voluntaria en los convenios suscritos por el VCF, SAD con el Ayuntamiento de València, resultaría contraria a derecho la inclusión de esta previsión en las Fichas de Gestión de la Modificación del Plan ATE», afirma.

Además, Latorre establece que «la inclusión en la Modificación del Plan ATE de la exigencia de una fianza por el valor total de las obras, como requisito sine qua non para la obtención de la licencia para la conclusión de la construcción del nuevo estadio, a nuestro juicio haría incurrir a este instrumento de planeamiento en causa de nulidad de pleno derecho… estaría vulnerando las leyes, con manifiesta infracción de los principios de legalidad y jerarquía normativa».

Por otra parte, Miguel Zorío, ex vicepresidente del Valencia, insiste que tomar una decisión a sabiendas de su ilegalidad es un presunto caso de prevaricación, y el pleno conocía de antemano el dictamen del secretario, que no ha rectificado (ni podría hacerlo, salvo que pierda su objetividad jurídica). El empresario valenciano enumera las innumerables malas prácticas cometidas en los últimos meses:

1º Se aprueba una moción ilegal que permitirá a Peter Lim vender el terciario, simplemente avalando la obra de un polideportivo que debería haber construido, según sentencia de la ATE.

2º El Ayuntamiento permite la operación del terciario, cuando Peter Lim ha vendido esos terrenos de forma ilegal ante notario sin convocar una Junta de Accionistas del Valencia CF. La celebrada no es válida, y está judicializada.

3º El Ayuntamiento aprobó una moción sin obligar a Peter Lim a retirar su recurso de casación en el Supremo, y sin tener su consentimiento para las fianzas y garantías solicitadas, tal y como dice Latorre en su escrito.

4º La forma utilizada para pedir una auditoría de la obra del nuevo estadio y el aval completo resultante de la misma, es ilegal y además incompatible con los plazos establecidos en la licencia. Dice Latorre expresamente: Por todo ello, no existiendo norma jurídica que ampare al Ayuntamiento para exigir una fianza por el valor total de las obras de edificación al solicitante de la licencia, y no habiendo sido asumida tampoco dicha obligación de forma voluntaria en los convenios suscritos por el VCF, SAD con el Ayuntamiento de València, resultaría contraria a derecho la inclusión de esta previsión en las Fichas de Gestión de la Modificación del Plan ATE.

5º La licencia establece tres meses para que Peter Lim presente un proyecto de ejecución, sin el que las constructoras pueden hacer un presupuesto y un calendario de obras. Pero el ínclito servicio de urbanismo, superpone las dos fases, y además dice que antes hay que hacer una auditoría independiente y valorar el coste real. Y también insiste que el 12 de enero las obras debían comenzar. La realidad es que nunca se presentó ese proyecto de ejecución definitivo.

6º Se han estado negociando las mejoras de las condiciones del terciario de espaldas al resto de grupos. Como se comprueba en la documentación OFICIAL del Ayuntamiento de Valencia, el pasado 10 de junio, la empresa de Peter Lim pide a María José Catalá que le mejore los porcentajes de edificabilidad del terciario. El escrito entra en el 10 de junio en el servicio de planeamiento urbanístico, y en menos de un mes, Peter Lim recibe el ok a su petición de mejoras, el 2 de julio.