El suelo de las 140 VPP de Alicante bajo sospecha era en origen para 111 VPO para rentas desfavorecidas

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 18/02/2026 15:36
  • Actualizado: 18/02/2026 17:44

De terreno para albergar 111 viviendas de promoción oficial en régimen de alquiler en el entorno de Playa San Juan, en Alicante al objeto de destinarlas a las rentas más desfavorecidas al espacio urbano donde se ha generado el mayor escándalo en torno a unas viviendas de protección oficial en décadas. Y no sólo en Alicante, sino en todo el conjunto de la Comunidad Valenciana. Hay un sinfín de adjudicaciones bajo sospecha de enchufe y pendientes de la investigación judicial. Todo en sólo 18 años. Lo que pudo ser un monumento a la labor social en tiempos de crisis se ha convertido en un procedimiento de diligencias previas en manos de la juez.

El suelo de las 140 viviendas de protección pública (VPP) del escándalo en Alicante no estaba inicialmente destinado a ese fin. Debía albergar, como se ha dicho, 111 viviendas de protección oficial, lo que se conoce coloquialmente como VPO, en régimen de alquiler. También, estuvo a punto de permutarse por un suelo urbano que había sido destinado antes a asilo de ancianos. Pero se desechó. Finalmente, el tripartito de PSOE, Compromís y Guanyar decidió enajenar la parecla, que acabó siendo subastada y adjudicada a la promotora que construyó las actuales VPP.

Finalmente, fue adquirido por la promotora que terminó por construir la promoción que, con los años, ha dado paso al mayor escándalo que se recuerda los últimos tiempos en Alicante en materia de vivienda. Al punto de que este miércoles, ha sido protagonista del primer pleno del año en las Cortes Valencianas. 

El escándalo de las VPP de Alicante estalló tras destaparse que la entonces concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos de la también entonces directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no sólo habían adquirido, sino que además escrituraron, un total de tres viviendas de promoción pública en Les Naus.

A esos casos han seguido otros sobre adjudicatarios de esa misma urbanización. Uno de ellos, el de una arquitecta municipal, cuyo marido, un funcionario aupado por Compromís bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig, validó la documentación presentada por su propia mujer para acceder a una vivienda en Les Naus, o el hecho de que aparezca como adjudicataria quien fuera una de las delegadas territoriales de la Consellería que lideraba el hoy Secretario de Estado de Pedro Sánchez, Arcadi España.

Pero, en principio, no era a vivienda de protección pública a lo que estaba dedicado aquel suelo, El caso no es recordado por las fuentes consultadas, pero sí hay de todo ello huella en hemeroteca. En concreto, en el año 2007, con el PP al frente del Ayuntamiento de Alicante, el Gobierno Local manejaba un proyecto para construir 111 viviendas de promoción oficial en régimen de alquiler en ese suelo ubicado en el cuadrante conformado por la Avenida Historiador Vicente Ramos, Calle Las Redes y Calle Periodista Asunción Valdés. Es decir, en la turística Playa San Juan.

La actuación no llegó a ponerse en marcha, porque requería un importante desembolso que el Consistorio no pudo afrontar y quedó sumido en el olvido, hasta que ocho años más tarde, en 2015, ya a las puertas del cambio de legislatura, lo que se planteó fue una permuta con el Obispado para entregar ese solar y recibir a cambio el del antiguo asilo de Benalúa. Este último, un histórico barrio alicantino, justo al lado del centro comercial de la ciudad. Ese convenio no llegó a firmarse. De hecho, tampoco fue aprobado en Junta Local de Gobierno.

Tras las elecciones locales de la primavera de 2015, un tripartito de izquierda, constituido por PSPV-PSOE, la coalición nacionalista Compromís y Guanyar se situó al frente del Ayuntamiento de Alicante, con el socialista Gabriel Echávarri como alcalde. Y sólo unos meses después, a inicios de 2016, a instancias de la edil de Hacienda, la también socialista Sofía Morales, se puso en marcha el expediente de enajenación del terreno.

A esa enajenación del terreno por parte del tripartito de izquierdas de Alicante es a la que se ha referido este miércoles la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Vivienda, Susana Camarero, en el Pleno de las Cortes Valencianas a la hora de ofrecer una serie de datos sobre la citada promoción. Para el citado tripartito de izquierdas, la venta de esa parcela era un modo de generar ingresos para afrontar otras iniciativas.

El 19 de abril de 2018, ese mismo tripartito de izquierdas se quedó fuera del Gobierno Local de Alicante. El popular Luis Barcala se situó al frente de la Alcaldía. Esa nueva etapa es la que coincide con el arranque de la subasta del suelo, iniciada por los socialistas, Compromís y Guanyar, y aprobada en julio de 2018, ya con el PP. A esa subasta, se presentaron cinco ofertas. De ellas, dos de gestoras de cooperativas. Una, la de Residencial Les Neus, que resultó finalmente adjudicataria en 2022 por 6,67 millones de euros para construir 140 viviendas de protección pública.

Entre las curiosidades en 2018 de aquel proceso y según publicó entonces Alicante Plaza, quien era el edil de Hacienda, Carlos Castillo, manifestó que se asignaría mayor puntuación a los aspirantes «que se comprometan con la construcción de instalaciones deportivas y piscina con una mayor superficie sobre el mínimo exigido, la construcción de un club social y la ubicación de plazas de estacionamiento en el sótano». Se da la circunstancia de que Residencial Les Naus cuenta con piscina infantil y de adultos, club social, pista de pádel y pista polideportiva, según publicita la propia promotora.