Renuncia al acta el concejal de Compromís en Altea (Alicante) detenido por abofetear a su pareja

• Ignacio Martínez
• ALICANTE
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 17/03/2026 18:32
  • Actualizado: 17/03/2026 18:32

Rafael Ramón Mompó, hasta este lunes concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea (Alicante) por Compromís, ha renunciado a su acta en el Ayuntamiento. La renuncia se produce después de que el edil resultara detenido por la Guardia Civil la noche del pasado domingo por abofetear y causar lesiones a su pareja. Es decir, por un presunto caso de violencia de género. La renuncia de Rafael Ramón Mompó había sido solicitada también por los socialistas, que gobiernan con Compromís en el Ayuntamiento de Altea, al considerar insuficiente la suspensión cautelar de sus competencias dictada por el alcalde, Diego Zaragozí. La renuncia y relevo por el siguiente componente de la lista se hará oficial en un Pleno, esta misma semana.

Rafael Ramón Mompó ha sido puesto en libertad por la Plaza Número 1 de Violencia de Género del Tribunal de Instancia de Denia (Alicante) este lunes y ha quedado como investigado en una causa abierta por los delitos de maltrato con lesiones y coacciones leves. Antes, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, también de Compromís, le había retirado sus competencias y la coalición nacionalista lo había suspendido de militancia. El juzgado había elevado el procedimiento a la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Benidorm, también.

Hasta el pasado domingo, Rafael Ramón Mompó era un concejal destacado del Gobierno Local de Altea. En su gestión municipal a lo largo de la actual legislatura, había sido acusado desde las filas del PP, en junio de 2025, de «eludir sus responsabilidades institucionales» pese a que ostentaba la presidencia de todas las comisiones informativas. Y, también, antes, había sido acusado por el PP de paralizar la renovación de la comisión Antifraude.

Por lo que respecta a la víctima, tal como han informado, también el lunes, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ninguna de las partes había solicitado protección y el Juzgado no la acordó al considerar que no se daban los requisitos para ello. La víctima se acogió a la dispensa de la obligación de declarar y no había ratificado su denuncia.