Compromís cambió su código ético en abril para que Oltra no tenga que dimitir tras su imputación

La coalición de izquierdas Compromís publicó el pasado mes de abril un nuevo código ético en su página web que permite a Mónica Oltra seguir en su cargo público y no dimitir pese a estar imputada por tres delitos. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha sido citada como investigada el próximo día 6 de julio por presunta prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, según la Fiscalía.

La web de Compromís actualizó el código ético con fecha de 18 de abril de 2022. En esa fecha ya estaba cerca lo que este jueves se ha convertido en realidad: Oltra deberá declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por encubrir los abusos sexuales de quien entonces era su marido a una menor.

El primer código ético fue publicado el 9 de marzo de 2018. Sin embargo, cuatro años después se ha actualizado ese documento. La versión final del código no incluye las exigencias de regeneración democrática que los dirigentes de Compromís antaño exigían a los del PP valenciano: el compromiso de que la imputación judicial implica la dimisión del cargo.

El código ético actual, que se desarrolla en sólo siete páginas, resuelve la cuestión de forma extremadamente vaga y poco concreta: «Nuestro más estricto cumplimiento de la legalidad. Todos los miembros de coalición Compromís mantendrán un estricto respeto al ordenamiento jurídico vigente aplicable en el país, comunidad, provincia, o municipio donde coalición Compromís desarrolla su actividad política».

¿Y qué pasa cuando no se cumple escrupulosamente la legislación vigente? No hay respuesta en el código de conducta de la formación valenciana. A pesar de que el partido naranja fue el azote de la corrupción en los mandatos de Rita Barberá y Francisco Camps («El día que me vea como usted, imputado, me iré a casa», le espetó Oltra a Camps en 2010) ahora no contempla un mecanismo interno para que en caso de imputación, procesamiento o, al menos, condena judicial, se deba proceder a la dimisión.

Frente a esa vaguedad, anteriormente varios partidos integrados en Compromís sí tenían un compromiso claro con la limpieza de sus cargos. La propia formación creada por Mónica Oltra, Iniciativa por el Pueblo Valenciano, estableció: «En caso de imputación (investigación judicial), por hechos relacionados con la hacienda pública y seguridad social y delitos contra la administración pública, violencia machista, corrupción, etc., que el Consejo Ejecutivo estime fundamentada, se exigirá la dimisión inmediata de los cargos públicos y/o del partido».

«En caso de no hacerlo y cuando sea posible, será el partido quien lo ejecute, adoptará medidas provisionales y trasladará una propuesta de acuerdo a la Mesa Nacional. En el resto de casos de investigaciones judiciales o condenas por otros delitos, el Consejo Ejecutivo estudiará el caso y podrá proceder de igual forma a los establecidos en el párrafo anterior», agregaban. Ahora, nada queda de esa contundencia.

Defensa

El argumentario actual de Compromís pasa por defender a capa y espada a su imputada Oltra. Consideran que la denuncia contra la actitud de su líder, que la lleva ante el juez, es «lawfare», según dicen, «la estrategia predilecta para apartar a quienes se atreven a hacerle frente a las injusticias desde la política. No es sólo un ataque a Oltra, sino a la democracia y a la ampliación de derechos que se promueve desde el Pacto del Botánico».

«Todo nuestro apoyo a Oltra. Sabemos que nuestra labor para transformar la sociedad desde las instituciones molesta a cierta gente. Pero no vamos a permitir que la extrema derecha marque la acción política de Compromís», ha señalado una portavoz de esta coalición izquierdista.