La izquierda valenciana no vio problema en fichar a parejas de cargos de PSOE y Compromís con contratos públicos

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 18/06/2026 15:25
  • Actualizado: 18/06/2026 15:25

La izquierda valenciana de PSOE y Compromís no ha visto que constituyera problema alguno la contratación o designación de sus propias parejas o ex parejas en puestos de relevancia de administraciones o instituciones que los cónyuges o compañeros sentimentales ocupaban. Así, por ejemplo, Gabriela Bravo, pareja sentimental de Ximo Puig, fue designada para situarse en la Mesa de las Cortes Valencianas como vicepresidenta segunda en el único puesto de que disponía el PSOE valenciano a inicios de esta legislatura. El PSOE tiene en esa Cámara 31 diputados. La elegida fue ella. Otro caso es el de Miquel Real, primer ex marido de Mónica Oltra. Real fue la persona designada por Mónica Oltra como jefe de gabinete al frente de la vicepresidencia primera y consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ella dirigía hasta su dimisión forzada. Ni Pedro Sánchez ni Joan Baldoví pusieron el grito en el cielo por esas designaciones. 

La cuestión ha tomado actualidad después de que la pareja del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, haya renunciado a consolidar su puesto, ahora en comisión de servicios, en la Diputación de Valencia. Lo dejará en septiembre. Ella es funcionaria hace 20 años en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante).

El 30 de enero de este año 2025, el senador socialista y alcalde de la localidad valenciana de Paterna, Juan Antonio Sagredo, situó a su ex mujer, Sonia Borruey, como gerente de una empresa municipal de Paterna, GESPA, con una retribución anual de 67.850 euros. En las Cortes cobraba 52.251. Para acceder a su nuevo puesto, Borruey dimitió como diputada socialista en las Cortes Valencianas. No se conoce que ni Pedro Sánchez, ni la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ni la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, hayan efectuado la más mínima amonestación a Juan Antonio Sagredo ni a Sonia Borruey. 

Tampoco Joan Baldoví puso en su día objeciones a que el primer ex marido de la ahora procesada Mónica Oltra, Miquel Real, fuera elegido por ella como su jefe de gabinete. El puesto formaba parte del organigrama de personal de confianza del Gobierno que entonces presidía el socialista Ximo Puig y tampoco se opuso. Al tratarse de un puesto de libre designación, Mónica Oltra podía haber elegido a quien considerase más oportuno. Eligió a su ex marido.

Ximo Puig tenía la potestad, como presidente de la Generalitat Valenciana, de elegir a los componentes de su gobierno, al menos a los que correspondían al PSOE, porque el ejecutivo estaba compartido con Compromís. Mantuvo en él como consellera de Justicia a su pareja, Gabriela Bravo, hasta la derrota electoral de 2023. Después, Gabriela Bravo fue la elegida por el Grupo Socialista en la Cámara, que entonces lideraba también Ximo Puig, como vicepresidenta segunda. Ese puesto era el único de la mesa de la cámara del que disponía el PSOE, después de que el PP facilitara con los votos de algunos de sus diputados la incorporación a esa misma mesa de Compromís, que se había quedado fuera. Gabriela Bravo dimitió y dejó las Cortes Valencianas en enero de 2025.

José María Ángel Batalla llegó a ser presidente del PSPV con Diana Morant como secretaria general. Se trata del ex alto cargo cuya titulación está ahora bajo sospecha. Ángel Batalla es funcionario de la Diputación de Valencia desde 1992. Su mujer, Carmen Ninet, se situó en 2016 como subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MUVIM), dependiente de la misma Diputación de Valencia. Si bien, entonces, Ángel Batalla estaba al frente de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, como secretario autonómico.

El propio Gobierno de Pedro Sánchez adjudicó al menos cuatro contratos a dedo a la consultora donde ocupaba un puesto directivo el marido de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. Unos expedientes que fueron otorgados sin concurso público por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la empresa Instituto Imedes SL, de la que Javier Cebrián Renovell es director de Comunicación. El importe de los cuatro contratos públicos suma un total de 38.700,65 euros (impuestos incluidos).