El Gobierno ultima el mayor desahucio de la historia de España: «Nos quieren robar nuestras casas»

• Pedro Antolinos @pedroantolinos
• ALICANTE
• Periodista. Redactor de deportes y la Comunidad Valenciana.
• • 24/04/2024 06:53
  • Actualizado: 24/04/2024 11:07

Los vecinos de la localidad alicantina de Denia viven desde hace meses en una angustia constante mientras la ministra Teresa Ribera prepara un nuevo reglamento para la Ley de Costas que permitirá al estado hacerse con las casas y negocios de cientos de personas. Después de que el Tribunal Supremo anulara el pasado mes de febrero la primera medida de la ministra por saltarse la consulta pública, el Gobierno de Sánchez, a través del Miteco, está elaborando la fase final un deslinde que hará que un centenar de ciudadanos pierdan sus domicilios ubicados al frente del mar sin recibir una prestación económica a cambio. No es expropiar, en este caso es confiscar, y los números son demoledores: 103 casas pasarán a ser de dominio público, 135 pasarán a ser servidumbre de tránsito y 3.379 serán de protección. En total, 3.617 inmuebles se verán afectados por un deslinde agresivo sobre el que aún no se ha aportado un dato técnico.

La situación parece surrealista, pero esto viene desde la creación de la Ley de Costas de 1988, que convertía en lugares de dominio público los ubicados a escasos metros del mar. «La presente ley tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policía del dominio público marítimo-terrestre y especialmente de la ribera del mar», rezaba la norma que ya por entonces condenada a las personas que años atrás habían comprado de forma legal casas a pocos metros del mar. Esta ley daba 30 o 60 años de concesión a los dueños de casas construidas sobre la arena que se consideraban de dominio público marino-terrestre.

Una de las primeras medidas de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el Gobierno de Mariano Rajoy fue elaborar una reforma de la Ley de Costas que cambiaba la concesión a 75 años y la forma de calcular el dominio público (el dominado deslinde) para reducir las zonas a expropiar. Con esto se pretendía dar un impulso a la propiedad privada y frenar la agonía de los propietarios que se veían condenados a perder su vivienda a corto plazo.

Así que las aguas estuvieron en calma hasta la llegada del Gobierno de Sánchez, que está intentando incluir desde 2022 un reglamento para adaptarse «a la nueva realidad climática». Aquí, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera aprobó un reglamento muy restrictivo que tiene la capacidad de deslindar con criterios tan inverosímiles como el alcance de una única ola a lo largo de la historia. Este nuevo reglamento lo tumbó el Supremo hace unos meses, pero el deslinde incoado en Denia seguirá adelante y afectará a 3.600 viviendas en la localidad alicantina, de las que más de 100 pasarán a ser de dominio público.

Lejos de redactar una nueva norma que subsane las deficiencias de la obsoleta Ley de Costas de 1988, la Administración pretende aprobar de nuevo un reglamento que deja en la total inseguridad jurídica a los propietarios legítimos. No sólo no se conserva el litoral, que es obligación del Estado, sino que confisca sin pago alguno centenares de viviendas que fueron erigidas con todas las garantías y permisos legales de cada época (hay viviendas de más de cien años).

«Confiscan sin pagar un precio»

«Más de 1.200 propietarios tienen algún tipo de afección, algunos sus viviendas pasan a ser de dominio público y otras quedarán en servidumbre (en el tipo, hacía referencia a ST de tránsito o SP de protección). Estamos viviendo una presión brutal a nivel mediática porque se dicen cosas que no son ciertas. Me gustaría hacer un ejercicio de concienciación y es que todos los ciudadanos que tienen una casa hipotecada o en propiedad que busquen la escritura. Desde aquí decirles, que según la Administración o costas no sirve para nada». Estas palabras llenas de rabia y resignación salen de la boca de Pedro Pastor, presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Denia.

Ingeniero industrial de formación, desde hace años regenta un restaurante familiar que con el nuevo deslinde pasará a ser de dominio público.  «Pretenden confiscar las viviendas sin pagar un precio por ello. No nos sirve entrar al trapo de una concesión de 30, 70 o 100 años. Una propiedad privada se compone por una nuda propiedad más una servidumbre vitalicia. Que no venga la Administración a decir que solicitemos una concesión compensatoria que ya veremos si le damos. Lo más gravoso es que te pueden hacer un rescate de la concesión que podría ser por pocos miles de euros», relata a OKDIARIO desde la zona de deslinde ejecutada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (Miteco). «Nos encontramos en una situación de total indefensión», afirma.

Deslinde agresivo

La zona del norte de Denia seguía con un deslinde «más conservador» de la Ley de 1977 pero ahora, con el objetivo de adaptarse a la nueva realidad climática, el Miteco ha aplicado uno más agresivo que va por detrás de la línea de las casas que están en primera línea de playa. «Un deslinde consiste en redefinir o reubicar la línea que delimita la ribera del mar. En este tramo de costa estaba en vigor el deslinde bajo la ley del 77, que era bastante conservador, que venía a ceñirse al frontal de las viviendas, todas ellas legalmente construidas con permiso de la autoridad competente. Ahora, han deslindado con una agresividad brutal. Zonas que se van a 30 o 40 metros tierra adentro de lo que era el deslinde del 77», explica a este periódico.

Pedro Pastor también deja claro que estos deslindes se han llevado a cabo sin que la Administración haya aportado un dato técnico. «Hemos pasado la primera fase, la segunda que es el acto de apeo, en el que nos reunieron a todos como borregos para decirnos por donde iba a transcurrir. Lo hicieron sin aportar un dato técnico. Van a confiscar más de 100 viviendas sin apoyarlo en un dato técnico. Para no podernos defender. Si te dicen que la línea pasa por algún sitio por un criterio técnico, por lo menos nos podríamos defender con un perito», sentencia.

«Nosotros, en última instancia, pedimos que si quieren las propiedades, casas, negocios, viviendas de toda la vida, que las paguen a precio de mercado. Confiscan las viviendas. Esto no es expropiar, es confiscar», relata.

Pasividad del Gobierno de Sánchez

Este problema hubiera tenido una fácil solución si, como sucede en el resto de Europa, en España se hubieran llevado a cabo trabajos de conservación del litoral para que el mar no avance a primera línea de playa. OKDIARIO ya informó en su día que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, decidió paralizar en 2018 una estrategia de protección del litoral aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2016. A la postre, esta decisión está siendo demoledora para los propietarios.

«Si no está la administración para mantener, que no esté para deslindar. No pedimos más allá de mantener la línea donde está. Los vecinos nos podemos agrupar y reparar lo nuestro. Que no nos quiten lo que tenemos», afirma.

«Esos métodos están contrastados. La regresión es causada por falta de aporte sedimentario, hace falta para el regadío. Lo entendemos. Pero es la Administración la que lo tiene que compensar. En una zona cercana ahora se han aportado de 80 a 100 metros de arena y si se hace con una cada 10 años se haría con los impuestos que pagamos todos. El turismo tiene una influencia muy importante en el PIB de España, cuidemos las playas porque la industria ya la hemos reventado. Si reventamos el turismo no sé qué quieren que hagamos», zanja.

«Lo que es tuyo no te lo pueden quitar»

Hace unos meses el Tribunal Supremo tumbó el reglamento de Ribera para la modificación de la Ley de Costas, pero el deslinde de Denia seguirá adelante, ya que esta acción no fue a nombre de ninguna norma. Así que todo acabará en una orden ministerial que hará a la administración propietaria de más de 100 viviendas. El resto entrará en régimen de servidumbre que también parece pan para hoy y hambre para mañana.

«Una cosa es el reglamento y otra los deslindes vigentes. No tienen nada que ver. El deslinde sigue adelante. Como en el deslinde no han sido capaces de dar una documentación haciendo referencia a qué reglamento se aplicaba pueden tachar y tirar hacia adelante. Ahora, el siguiente paso es el trámite de audiencia. Es el trámite en el que entra un atracador a tu casa y con una escopeta te pide las escrituras de tu casa y tú se las entregas. Es lo que hacen cuando van al registro de la propiedad», afirma.

«Cuando aplican el deslinde después del trámite de audiencia y de responder a todos los recursos, te lanzan una orden ministerial y con esa orden se otorgan la capacidad de acudir a los diferentes registros para atribuirse las propiedades», prosigue sobre lo que parece un desenlace que ocurrirá muy a corto plazo.

«Si el objetivo es que se quede como estaba hace 10.000 años porque todo era campo, qué sentido tiene que estemos 30 años más. El fin último es estar 30 años o rescate previo. Lo que es de uno no se lo pueden quitar», finaliza, bajo una gran indignación, el presidente de la asociación de Afectados por la Ley de Costas en Denia. Motivos tiene para ello.