COMUNIDAD VALENCIANA

La deuda de Sánchez con la Sanidad de Puig por los desplazados supera el presupuesto de 8 consejerías

sindicatos CSIF
El consejero de Sanidad valenciano Miguel Mínguez, a la izquierda del lector, en una imagen de archivo.
Ignacio Martínez

La deuda de más de 800 millones de euros que el Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez mantiene con la Generalitat Valenciana que preside a su vez el también socialista Ximo Puig por la atención a desplazados en Sanidad -usuarios del sistema que se encuentran fuera de su lugar de residencia y necesitan atención sanitaria- supera el presupuesto estimado en las cuentas autonómicas para 2023 en 8 de las 12 consejerías que conforman el citado Ejecutivo autonómico. Sólo Sanidad, Educación, Igualdad e Innovación y Universidades cuentan con un presupuesto, cada una de ellas, superior a esos 800 millones de euros.

Esa deuda de 800 millones es superior al presupuesto estimado para 2023 para la Consejería de Justicia, que dirige la también socialista Gabriela Bravo (717 millones), pero supera además al de Economía, pese a que este departamento alcanza los 702 millones de euros, al de Política Territorial, con 693 millones y al de Hacienda, que llega hasta los 561 millones de euros.

Pero, además, esa deuda de 800 millones de euros que el Gobierno de Sánchez mantiene con el de Puig dobla al presupuesto de la Consejería de Vivienda, que dirige el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana Héctor Illueca (Podemos) y que se eleva hasta los 402 millones de euros. Es, también, más de 3 veces mayor al presupuesto de Presidencia (243 millones) y al de Participación, que apenas alcanza los 105 millones de euros. Pero, también, está por encima del presupuestos de Agricultura. Una consejería cuya titularidad ahora ostenta Isaura Navarro tras la fulminante destitución de Mireia Mollà, que tiene un presupuesto de 617 millones.

Sólo 4 consejerías cuentan con un presupuesto superior al de esa deuda. Una de ellas, precisamente, la de Sanidad, que dirige Miguel Mínguez, que cuenta con un presupuesto para 2023 de 8.258 millones. También Educación (5.520 millones), Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Aitana Mas, con 2.308 millones de euros, e Innovación y Universidades, que dirige la alicantina Josefina Bueno, con 1.285 millones de euros. 

Se da la circunstancia, por otra parte, que la deuda que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez con el de Puig por los desplazados es, también, más de 5 veces superior a la cuantificación económica de la Reforma Fiscal del propio Ximo Puig y su Gobierno, cuyo coste estimado es de 150 millones de euros frente a los 803 millones que el Gobierno de España adeuda al valenciano a cuenta de la atención de los desplazados en Sanidad.

 

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