Las ayudas al alquiler a 498 familias valencianas en el limbo: Ribó pasa la pelota a Puig
La propuesta del PP era impulsar los trámites que permitan dar cobertura a esas 498 familias con fondos municipales
Los populares denuncian que el Ayuntamiento tiene más de 300 millones de € en los bancos y podía haber resuelto la situación
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Las ayudas al alquiler de un total de 498 familias de la ciudad de Valencia en situación de vulnerabilidad penden de un hilo después de haberse quedado excluidas por agotamiento del crédito presupuestario municipal en esa partida. La propuesta del PP para impulsar los trámites para pagar las citadas ayudas con fondos propios municipales se ha topado con otra del Gobierno Local (Compromís y PSOE) que plantea que la Delegación de Vivienda dé cobertura a través de las ayudas de emergencia habitacional subvencionables por la Consejería de Vivienda, que está en manos no de Compromís ni de PSOE, sino de Podemos. Por tanto, la pelota ahora esta en el tejado del Gobierno valenciano de Ximo Puig.
El pasado 22 de junio, el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia publicaba la convocatoria de ayudas municipales al alquiler, cuyo plazo venció exactamente un mes después: el 22 de julio del pasado año, con un volumen total de 2.829 solicitudes, de las que sólo resultaron admitidas a trámite 878 en el listado provisional, que se publicó el 10 de noviembre.
Ese volumen representaba sólo el 31% de las solicitudes presentadas «completándose el listado provisional con las 306 solicitudes excluidas y las 1.641 con la documentación incompleta, que corresponde al 58% del total presentado a los que les otorgaron de plazo hasta el 24 de noviembre para subsanar o aportar documentación», según el relato del PP en su moción presentada a la Comisión de Urbanismo.
El pasado 13 de enero, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia (Compromís y PSOE) acordó cómo beneficiarias de las ayudas a 1.266 solicitudes. Por tanto, el 44,7% de las presentadas y, según el PP, quedaron excluidas 498 familias que tenían toda la documentación presentada correctamente, bajo la justificación de agotamiento del crédito.
Para paliar este desbarajuste, el PP presentó una moción en la que reclamaba que la Delegación de Vivienda «a través de su servicio gestor correspondiente impulse los trámites administrativos necesarios para incluir a las 498 familias excluidas por ayuntamiento de crédito presupuestario.
Pero la sorpresa ha venido cuando el grupo de Gobierno ha presentado una moción alternativa en la que se sostiene que la Delegación de Vivienda dará cobertura «a 450 personas» excluidas de la convocatoria a través de las ayudas de emergencia habitacional subvencionadas por la Consejería de Vivienda «y hará modificaciones en la redacción de las normas que regulan» estas ayudas para el nuevo ejercicio y sucesivos «para que se declaren ampliables en la cuantía necesaria para atender a todas aquellas solicitudes que reúnan los requisitos de la convocatoria».
Pero esas ayudas del nuevo ejercicio ya no corresponderán al actual equipo de Gobierno municipal que encabeza Joan Ribó, sino al que resulte elegido tras las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.
Esta decisión ha indignado al PP, que ha tildado de «vergüenza» que «con 300 millones en los bancos Ribó y el PSOE no se dignen a rescatar a casi 500 familias» que cumpliendo todos los requisitos se han quedado sin ayudas». Y ello, porque según los populares con la alternativa del equipo de Gobierno «no se da una solución a estas familias». «Simplemente, -ha dicho el PP- están haciendo un acto de fe y confiando en unas ayudas de la Generalitat que también están excluyendo personas por falta de dinero», según ha explicado el edil del PP Giner Corell.
Lo cierto es que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de Ximo Puig. Especialmente, de la vicepresidencia segunda del Gobierno valenciano, que dirige Héctor Illueca (Podemos).
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