El interventor pone un ‘rosario’ de reparos a la gestión de la fundación que pagó 6.000 € a Garzón

La Auditoría de la Fundación Las Naves, una entidad del sector público local adscrita a la Delegación de Innovación y Gestión del Ayuntamiento de Valencia cuyo alcalde es Joan Ribó (Compromís), arroja un «rosario de irregularidades en forma de contratos menores no justificados, cátedras no justificadas, pagos por adelantado y contrataciones mal hechas», según ha denunciado el Partido Popular.

El PP del Ayuntamiento de Valencia ha puesto el énfasis en lo que ha calificado como «descontrol» existente en la misma a raíz de los datos que arroja el citado informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO. La Fundación Las Naves  es la misma de la que el citado interventor cuestiona en ese informe el pago de 6.000 € al ex magistrado Baltasar Garzón por una conferencia, en noviembre del pasado año 2021, de una hora de duración, según ha publicado también OKDIARIO.

El interventor, según ha denunciado el PP, pone reparos a las cátedras firmadas por la mencionada fundación con 3 universidades. Una de las cuestionadas, según denuncia el PP, es donde trabajó el hijo del actual alcalde de Valencia Joan Ribó: la de Transición Energética Urbana, Economía Colaborativa y Transformación Digital. El Partido Popular ha reclamado explicaciones al alcalde de Valencia ante unos hechos que tilda de «escandalosos».

Los convenios

En concreto, el interventor relata en su informe que «en el ejercicio 2018, la Fundación formalizó con dichas universidades 3 convenios para la creación de las cátedras de Transición Energética Urbana, Economía Colaborativa y Transformación Digital y L’Horta de Valencia Territorio Metropolitano».

«En virtud de las cláusulas regulatorias de los convenios la Fundación se comprometía a financiar en los ejercicios de 2019 y 2020 las actividades de la Cátedra, mediante una aportación anual de 90.000 €, 60.000 € y 30.000 €, respectivamente», continúa el interventor en su informe. En 2021, se prorrogaron los convenios, «siendo la aportación anual de la Fundación 45.000 €, 30.000 € y 15.000 €, respectivamente», según añade Intervención, que que en su auditoría explica que «no se han cumplido los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación previstos en dicha ley, ni se han aprobado con carácter previo a su otorgamiento unas bases reguladoras como exige la misma».

Compromisos financieros

Dice también que: «Los compromisos financieros anuales asumidos por la Fundación no están vinculados a una justificación de los gastos por parte de las universidades, sino tan sólo a la presentación de unas relaciones de gastos hecho que supone una vulneración del artículo 48.4 de la LRJSP, ya que en el mismo se establece que la justificación de los gastos de los convenios de los compromisos financieros asumidos por los organismos públicos deberá ajustarse a la legislación presupuestaria».

Y añade también que «por otra parte, en los expedientes no existe evidencia de que los convenios sean financieramente sostenibles, tal como exige el artículo 48.5 de la LRJSP».

El interventor sostiene también en su informe que: «En algunos de los ejercicios de vigencia de los convenios el importe de los gastos que figuran en las relaciones justificativas presentadas por las universidades han sido inferiores a las aportaciones realizadas por la Fundación, sin que se haya producido un reintegro de los excesos, hecho que supone un incumplimiento del artículo 46 de la LRJSP».

Además, dice: «Las relaciones contemplan determinados gastos de ejercicio que no se corresponden con el de aplicación de los convenios, y en ocasiones difieren de la información que consta en la memoria de actividades a la que acompañan».

En otro de los puntos, el interventor dice que: «Contraviniendo lo dispuesto en el artículo 49.c)  de la LRJSP, en los convenios no queda adecuadamente definido su objeto (constitución de cátedras o financiación de las actividades de las mismas) así como la titularidad de los resultados obtenidos».

Constitución de órganos colegiados

El interventor explica que los convenios contemplan la constitución de órganos colegiados como comisiones mixtas o comisiones de seguimiento para dirigir e impulsar el desarrollo de los mismos y que en relación con estas comisiones: «No hemos obtenido evidencia de la aprobación del acta de su constitución». Dice, además, que en algunos convenios «no se han reunido con la periodicidad mínima prevista en ellos y no hemos obtenido evidencia de que se hayan realizado las funciones asignadas a ellas en los convenios».

Apunta que «en algún caso, no se ha cumplido adecuadamente con la cláusula que requiere la aprobación, con carácter previo a su ejecución, de los programas de actuación presentados por las cátedras, ya que dicha aprobación ha tenido lugar al finalizar el ejercicio. Además, estos programas no han sido asumidos mediante su firma, por parte de la cátedra correspondiente».

Finalmente, dice que «en los casos en que resulta procedente, según las cláusulas regulatorias del convenio de aplicación, no se han comunicado los acuerdos adoptados por las comisiones al Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento».

El PP exige explicaciones

El Partido Popular ha exigido explicaciones al alcalde de Valencia Joan Ribó «ante estos hechos»  porque «el rosario de irregularidades que detecta el interventor es escandaloso» y ha denunciado también que «a la cátedra donde trabajaba el hijo de Ribó se inyectó desde la Fundación Las Naves 225.000 euros de dinero público».