La arquitecta colada por su marido eleva a 4 los beneficiarios de las VPP en el Ayuntamiento de Alicante

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 03/02/2026 14:02
  • Actualizado: 03/02/2026 14:02

Una arquitecta municipal que pese a no cumplir los requisitos exigidos fue incluida en la lista por su propio marido, este último el funcionario que comprobaba las veracidad de las solicitudes presentadas, eleva ya a cuatro el número de cargos públicos y trabajadores del Ayuntamiento de Alicante que directamente o a través de su entorno tienen relación con las viviendas de protección pública situadas en el epicentro del escándalo.

El caso se encuentra ya en Fiscalía, en cuyas manos ha puesto lo sucedido la Generalitat Valenciana. También, ha sido llevado hasta Fiscalía por el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, al considerar la posible existencia de hasta cinco supuestos delitos. Entre ellos, prevaricación y fraude. Las investigaciones puestas en marcha por partidos, administraciones y asociaciones siguen abiertas. Por lo que no están descartadas, además de todas las mencionadas, otras nuevas acciones jurídicas en torno a este mismo caso.

El escándalo ha saltado el pasado viernes. Ese día es cuando se destapó que la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no sólo habían adquirido, sino que además tienen escrituradas, un total de tres viviendas de una misma promoción pública.

A Rocía Gómez y los dos hijos de María Pérez-Hickman, se agrega además una cuarta vivienda, que es la de un funcionario, también arquitecto. Y a todas esas se suma ahora una quinta: la de otra arquitecta municipal a la que su marido, un funcionario con 26 años de desempeño profesional, coló a pesar de que no cumplía los requisitos.

Tanto la concejal de Urbanismo como la directora general han dimitido de sus cargos. Pero, no ha sido suficiente ante las dimensiones que va tomando el escándalo. De hecho, una de las cuestiones que está por conocerse y que según las fuentes consultadas genera preocupación es es si el funcionario denunciado ante la Fiscalía sólo facilitó el acceso a la lista a su propia mujer pese a no cumplir los requisitos o si, supuestamente, hizo lo mismo con más personas.

La Consellería de Vivienda debe concluir a lo largo de este martes el informe solicitado por su Secretario Autonómico, Sebastián Fernández, en torno a la citada promoción de viviendas, que va despacio porque se trata de la verificación de nada menos que 140 adjudicaciones de viviendas. Pero, los hallazgos de Fernández y su equipo en la dirección territorial de Alicante son los que han comenzado a dar luz al asunto y los que han dado pie a la primera denuncia ante Fiscalía, que no será la última a tenor del camino que están tomando los acontecimientos.

El equipo de Sebastián Fernández y en su conjunto toda la Consellería de Susana Camarero lleva trabajando contrarreloj y sin descanso desde que estalló el escándalo para esclarecer lo sucedido. Pero, también, lo acaecido en Alicante, ha permitido plantearse a la Administración la necesidad establecer más mecanismos de control para evitar casos como el de la promoción de viviendas aquí citada. Esos mecanismos son los que se van aplicar adicionalmente al Plan Vive.

Este último, un proyecto para multiplicar la oferta de vivienda pública asequible, que depende de la Generalitat Valenciana y del que no ha formado ni forma parte la promoción bajo sospecha.