El Parlament no suspenderá a los procesados como pedía Llarena
Días decisivos para el futuro del Govern de Quim Torra, que parece tener la sentencia del juicio del 1-O, como fecha límite de caducidad. Así lo reconoce el mismo Torra en privado. Las diferencias entre los dos partidos que dan apoyo al Govern, Junts per Catalunya y Esquerra, son cada vez mayores y para algunos, insalvables.
Una de esas diferencias sustanciales es el acatamiento o no de la suspensión como diputados de los procesados por el 1-O que dictó el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Desde el primer día, Esquerra tenía claro que no iba a desobedecer más, para evitar nuevos litigios penales para los miembros de su partido, pero JXCat y la CUP si optan por la desobediencia.
Tras días de negociaciones, incluso con cumbres en el interior de la cárcel de Lledoners con los lideres de los dos partidos, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez dirigiendo la negociación, los dos partidos afectados han llegado a un principio de acuerdo, según cuentan fuentes de ambos partidos a OKDIARIO, que pasa por no suspender a los diputados de sus cargos, tal como pedía Llarena.
Puigdemont y JXCat se salen así con la suya, aunque ceden ante Esquerra en que ese desacato no pueda tener consecuencias penales para los miembros de la mesa del Parlament. En este sentido, la opción que cobra más posibilidad, es que antes de la vuelta al periodo de sesiones que empiezan el 2 de octubre, la comisión del Estatuto del Diputado rechace esa suspensión y se vote en pleno, lo que el desacato sería un acuerdo de la mayoría del Parlament, evitando así consecuencias para los miembros de la mesa.
Ahora bien, aunque salven este escollo que ha aumentado las discrepancias entre JXCat y ERC desde finales de julio, los problemas no se acaban aquí para el Govern de Torra. Con este desacato, ambos partidos se quedan a pocos votos de conseguir aprobar los presupuestos, unos diputados que podrían ser aportados por la CUP, respondiendo así al desacato de JXCat y ERC.
Aún así, los independentistas temen que los partidos constitucionalistas invaliden cada acuerdo del pleno en el que voten los procesados no suspendidos.
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