La Generalitat auditará la gestión de Ada Colau en Barcelona tras aceptar una petición vecinal

La Generalitat de Cataluña realizará una auditoría sobre la gestión de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al frente del consistorio, después de que una asociación de vecinos solicitara primero al Ayuntamiento y luego al Ejecutivo autonómico que informara sobre los años de gobierno de la política de Barcelona En Comú.

Más de 2.100 vecinos de la Ciudad Condal firmaron una petición que había promovido la Asociación AVIS del Bon Pastor y que remitieron a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP). Al final, esta institución ha admitido provisionalmente a trámite la solicitud firmada por más de 2.100 ciudadanos.

No es la primera vez que esta asociación vecinal había propuesto a un organismo público que realizara una auditoría en la administración que Ada Colau había llevado a cabo en Barcelona. En un primer momento, los vecinos barceloneses se dirigieron al Ayuntamiento de la capital catalana. Sin embargo, la corporación municipal desestimó la petición en diciembre.

Los plazos para responder a la solicitud de información por parte de la asociación vecinal es de dos meses. Este es el tiempo que tiene la GAIP para exponer los datos solicitados por la Asociación AVIS del Bon Pastor, aunque ese período de tiempo podría alargarse hasta dos semanas más sólo en el caso en el que la administración solicite informes externos.

Entre la información que se han solicitado están datos sobre las compras, concesión de contratos o subvenciones, convenios, balances generales, deuda, flujo de efectivo y el estado de las variaciones del capital contable.

En todo caso, el tema que más interés ha suscitado es la enumeración de los inmuebles que ha adquirido el gobierno local, así como todos los detalles sobre los solares que han pasado a ser propiedad del consistorio y el coste que ha conllevado para las arcas municipales.

La queja de la Asociación AVIS del Bon Pastor sobre la que había argumentado la necesidad de llevar a cabo esta auditoría era que el Ayuntamiento había comprado viviendas en zonas exclusivas de Barcelona durante los dos mandatos de Ada Colau al frente del gobierno local.

Sospechas de un gasto excesivo

La asociación ha elevado la sospecha de que podría estar dilapidándose dinero de la Administración Pública en el barrio de Gracia, en calle Balmes o en calle Encarnació. En el punto de mira de estas acusaciones está el por entonces concejal del distrito de Gracia, Eloi Badia, actualmente, diputado nacional por Sumar.

El precio al que se compraron inmuebles para viviendas sociales en el barrio de Gracia se elevaba hasta alrededor de los 600.000 euros. Se trata de un coste superior al precio de las viviendas de protección oficial que hay disponibles en este momento.

El próximo paso a seguir por parte de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, después de admitir a trámite la petición, es el de solicitar al Ayuntamiento que se entregue el expediente, así como los antecedentes y el informe jurídico. Una vez que se reciba ese informe, se considerará si es necesario solicitar autorización a terceras personas que pudieran estar afectadas y a la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

«Volumen insostenible»

La petición que realizó la asociación vecinal al Ayuntamiento de Barcelona data de octubre del pasado año, cuando ya estaba el socialista Jaume Collboni al frente del Ayuntamiento de Barcelona. La solicitud perseguía el mismo fin, es decir, que se entregase información sobre diferentes ámbitos de acción del gobierno local que durante 8 años encabezó Ada Colau. Para ello, se basaban la Ley de Transparencia. Entonces pidieron las cuentas anuales del Ayuntamiento, así como de sus organismos dependientes.

Concretamente, la Asociación AVIS del Bon Pastor solicitó “un análisis económico, financiero y fiscal de las subvenciones directas concedidas, una revisión de los fondos públicos asignados para la defensa legal de los miembros del gobierno y una evaluación de la recaudación derivada de la tasa municipal de recogida de basura”.

El gobierno de Collboni desestimó en diciembre la solicitud de entregar datos. Se basaba en que correspondía a un «volumen insostenible» de información que vinculaba a «toda la organización municipal y entidades dependientes» así como de un período de tiempo, «que se extiende desde junio de 2015 hasta junio de 2023» y que también consideraba que estaba por encima de las posibilidades de gestión del consistorio.