La Fiscalía pide nuevas diligencias al juez del Supremo que investiga a Borràs

La Fiscalía General del Estado ha solicitado nuevas diligencias al magistrado del Tribunal Supremo Eduardo de Porres, que investiga a la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Laura Borràs por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Borràs ha anunciado este miércoles que ejercía su derecho de negarse a declarar ante el Supremo, asegurando que «no colaboraré con una causa prospectiva e injusta», y ha pedido una prueba pericial que, según ha dicho, demostraría su inocencia en relación a los 18 contratos que se investigan.

Se trata de la misma prueba pericial que su defensa solicitó hace unas semanas y por la que pidió al juez instructor a que aplazará la declaración, si bien ante la negativa del magistrado, que acordó mantener la cita para este miércoles, Borràs ha decidido no contestar a las preguntas de las partes, incluso a las de su abogado, hasta que se practique dicha diligencia.

En concreto, la Fiscalía ha solicitado al magistrado la práctica de dos declaraciones testificales, la realización de una prueba pericial sobre material informático, el análisis por parte de la policía judicial de diversas cuentas bancarias y datos referidos a otras dos cuentas relacionadas con la causa, así como la remisión de
diferente documentación por el Ministerio de Hacienda.

Igualmente, el Ministerio Público ha reclamado al instructor que reclame documentación a la Institució de les Lletres Catalanes, en especial de naturaleza contable, así como contrastar datos de algunas de las declaraciones testificales ya realizadas.

La Sala Segunda del Supremo solicitó formalmente permiso al Congreso de los Diputados, a través de la fórmula del suplicatorio, el pasado 22 de mayo, para continuar con la causa penal abierta contra la diputada de JxCat por varios presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El Supremo investigaba desde hacía meses si Borrás cometió dichos delitos, apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

El presidente de la Sala Segunda de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, envió en dicha fecha un oficio al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que a su vez redirigió la solicitud formal a la presidenta de la Mesa de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet. El trámite era legalmente imprescindible para proceder contra Borrás, por su condición de aforada, en calidad de diputada en el Congreso.

El escrito firmado por el juez instructor, el magistrado Eduardo Porres, que es quien instó el suplicatorio en primer término, constaba de una exposición motivada de los hechos por los que, el pasado mes de febrero, el Supremo citó a Laura Borrás para tomarle declaración. Borrás rechazó de plano la citación y no acudió voluntariamente, en su calidad de investigada, por lo que el Supremo instó al Congreso que autorizase su comparecencia de forma obligatoria. Una petición que avaló el informe de la Mesa del Parlamento que OKDIARIO publicó en primicia.