La consellera de Justicia de Cataluña defiende el tercer grado concedido a los golpistas

Desde la Generalitat se apuesta claramente por la salida de la cárcel de los golpistas presos.  La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha defendido este sábado la legalidad del tercer grado para los presos del 1-O, que ya se aplica desde el pasado viernes.

«No tienen ni menos derechos ni más derechos que nadie. Interpelo y apelo a las razones del Derecho, y no a las razones de Estado», ha declarado durante su visita a Corbera de Ebro (Tarragona). Ha añadido que los presos «se acogen al tercer grado, al (artículo) 100.2: no es la libertad. El 100.2, el tercer grado, es un manera de cumplir la sentencia». La consellera de Justicia también ha constatado que así está previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario.

Capella ha visitado Corbera de Ebro para anunciar que el llamado Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (Comebe), formado por la Generalitat y ayuntamientos, invertirá 253.000 euros en obras de consolidación del Poble Vell de la población, un lugar de visita para ver de cerca los efectos de la Guerra Civil.

Fue esta misma semana cuando desde la Conselleria de Capella se ratificaba la propuesta de las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, en San Juan de Torruella (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y en la de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras) del pasado 2 de julio. Así, con este nuevo grado, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tendrán que ir, previsiblemente, sólo a dormir a la cárcel entre semana, pudiendo salir de ella durante el resto del día, así como pasar el fin de semana en su domicilio.

Por su parte, la Generalitat esgrimió que la decisión corresponde solo a criterios técnicos y a un estudio individualizado de cada uno de los presos. Así, el Servicio de Clasificación del departament argumenta que los penados tienen una “red social y familiar favorable para la rehabilitación, junto con un pronóstico de bajo riesgo de reincidencia”. El Servicio explica que “para favorecer y consolidar la reinserción sociolaboral” en el ámbito privado han decidido dar continuidad a sus programas de tratamiento con “un régimen de mayor autonomía”.

Con un plazo máximo de dos meses para resolver sobre la propuesta de clasificación, la Conselleria de Justicia tardó únicamente 12 días en aprobar el tercer grado. Acortando plazos, cuando las distintas cárceles les asignen el nuevo horario de salidas, podrán los internos empezar a ir a sus domicilios, aunque la Fiscalía, probablemente, recurrirá la decisión ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y con posterioridad, ante el tribunal sentenciador, en este caso, el Tribunal Supremo.

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