Santanyí autorizará a los residentes del municipio aparcar delante de sus vados
El objetivo de la medida es ganar aparcamiento en el núcleo del municipio, especialmente en temporada alta
El Ayuntamiento de Santanyí ha aprobado una nueva ordenanza municipal que permitirá a los residentes del municipio a aparcar delante de sus propios vados. La tramitación tiene como objetivo ganar espacio para estacionar en los diferentes núcleos de Santanyí.
La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha explicado que «de este modo
sumaremos espacio para aparcar a núcleos donde, especialmente en temporada alta, los residentes tienen problemas para dejar sus vehículos. Con la aprobación de esta ordenanza los propietarios de vados podrán pedir una autorización para aparcar delante, aunque cada caso será estudiado por la Policía Local».
Esta nueva ordenanza añade la posibilidad de pedir una autorización especial que permite aparcar ante el mismo vado, siempre que se cumplan una serie de condiciones. Se tiene que tener vado concedido o pedirlo y que se pueda conceder, además de contar con un informe favorable de la Policía Local de Santanyí.
En concreto, se podrán autorizar como máximo tres vehículos para cada vado, para los cuales se les emitirá una tarjeta identificativa intransferible. Sin embargo, esta autorización no permitirá estacionar en la parte contraria del vado, ni se podrá conceder en edificios plurifamiliares excepto conformidad exprés de todas las personas propietarias del inmueble.
Por si fuera poco, los propietarios de vados en Santanyí podrán autorizar un inquilino y familiares, así como personas que cuidan a gente con necesidades, que se estudiará caso por caso.
Por su parte, el regidor de Seguridad del Ayuntamiento de Santanyí, Joan Gaspar Aguiló, ha indicado que «el objetivo final es encontrar una fórmula que sea eficaz para identificar los vehículos y su correspondiente vado, y contribuir a pacificar la circulación en el término».
El Consistorio ha informado que después de esta aprobación inicial, habrá un periodo de exposición pública de treinta días, en el cual se podrán presentar alegaciones, antes de su aprobación definitiva.
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