Recusan por catalanista al juez que debe resolver las demandas contra Armengol por marginar el español
El magistrado fue premiado por la OCB "por su aportación a la catalanidad de Baleares"
Armengol sigue los pasos de Cataluña y ningún colegio público de Baleares aplicará el 25% en español
Cien familias se suman a la denuncia contra Armengol por impartir el 100% de la enseñanza en catalán
Primera demanda contra el Govern de Armengol ante la Justicia para exigir el 25% de las clases en español
PLIS cree que el Govern de Armengol no acatará las sentencias judiciales que amparen el 25% en castellano
La asociación de profesores PLIS ha recusado al magistrado Gabriel Fiol en la demanda que interpuso contra el Govern de la socialista Francina Armengol por no ofrecer al menos el 25% de la enseñanza en español.
PLIS considera que Fiol es un destacado catalanista y recuerda que el magistrado recibió un premio de la Obra Cultural Balear (OCB) «por su aportación a la catalanidad de Baleares». La OCB es una entidad equivalente a Òmnium Cultural, que defiende la independencia de Cataluña.
Gabriel Fiol es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) y debe decidir sobre la demanda presentada por PLIS y las denuncias que van formalizando los padres para reclamar el 25% en español en los centros educativos de las Islas. Los progenitores presentan estas demandas a través de PLIS y con la intervención de los servicios jurídicos de Sociedad Civil Balear.
En un comunicado, este colectivo de docentes recalca que «un juez no debe ser sólo imparcial, también debe tener apariencia de imparcialidad». PLIS considera que Fiol «no tiene esa apariencia de imparcialidad, pues fue premiado por la misma entidad, OCB, que está personada como demandada en el contencioso administrativo».
Creen que la situación se agrava al haber aceptado Fiol la personación de la OCB en el procedimiento, como demandada, cuando el contencioso se interpuso contra el Govern de Armengol. La asociación lamenta que se acepte la personación de esta entidad, del sindicato Stei y de la Plataforma per la Llengua, «enemigas a muerte del castellano como lengua vehicular». «Fiol está contaminado», sostiene la parte demandante.
Además, PLIS ha apuntado también que Fiol fue el juez que tumbó en 2015 el decreto del Govern del PP que presidía José Ramón Bauzá sobre el Tratamiento Integral de Lenguas (TIL), que se traducía en la implantación del trilingüismo en las aulas de Baleares.
Según la asociación, Fiol «tumbó el decreto en una sentencia muy floja jurídicamente, que el gobierno Bauzá recurrió ante el TS pero que el nuevo gobierno de Armengol retiró por conveniencia política». Por ello, esperan que el magistrado «tenga sentido de la dignidad y se aparte del caso». «Esta decisión le honraría», apostillan.
Según PLIS, «la situación es kafkiana dado que una asociación que se mantiene por las cuotas de sus asociados, pleitea no solo contra el Govern balear, que tiene incontables recursos jurídicos y económicos, sino que también, de la noche a la mañana, se encuentra con que el TSJIB acepta como demandadas a tres entidades millonarias en subvenciones, OCB, STEI y Plataforma per la Llengua, enemigas a muerte del castellano como lengua vehicular. «De repente, en vez de un demandado, PLIS se encuentra ante cuatro demandados que nadan en la abundancia económica por aportaciones de dinero público».
Fue a finales de año cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a trámite el recurso contencioso administrativo de la asociación de profesores PLIS para instar al Ejecutivo autonómico a garantizar un mínimo del 25% de las clases en castellano en todos los centros de enseñanza de financiación pública de las Islas.
La asociación recurrió a la Justicia con el apoyo Sociedad Civil Balear (SCB) y mediante su demanda pretende forzar a la Conselleria de Educación a fijar al menos el 25% de las clases es español. PLIS interpuso el recurso después de dirigir su solicitud a la Conselleria de Educación a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se señalaba la inactividad del gobierno de esa comunidad para regular el castellano como lengua vehicular en el 25 % de las clases.
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