El PP y la izquierda siguen sin acuerdo en Baleares para prohibir las edificaciones en zonas inundables

• Miquel Ángel Font @mafontvilla3
• Corresponsal político en OKDIARIO Baleares. Antes, redactor jefe de EL MUNDO/ El Día de Baleares.
• • 25/11/2024 13:58
  • Actualizado: 25/11/2024 14:02

El PP y las formaciones de izquierda siguen sin alcanzar un acuerdo sobre la prohibición de construcciones en zonas inundables cuando faltan menos de 24 horas para que el proyecto de Ley de Simplificación Administrativa, donde debe contemplarse la regulación, sea votado en el Parlament.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha confiado en poder llegar a un acuerdo a lo largo de esta tarde con los grupos de la izquierda sobre la construcción en zonas inundables, donde el principal escollo se encuentra en la legalización de las construcciones fuera de ordenación en estas áreas de riesgo.

«El único escenario en el que trabajamos en este momento es en llegar a un acuerdo esta tarde. No hay nada que me haga pensar que no vayamos a conseguir el objetivo, no he visto a los grupos de la izquierda extremadamente cerrados», ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno parlamentario de este martes, en el que se debatirá y votará la conversión en ley del Decreto de Simplificación Administrativa.

De acuerdo con Sagreras, hay cierto consenso en la necesidad de prohibir nuevas construcciones de viviendas y de equipamientos sensibles, como guarderías o centros de mayores, y en realizar un nuevo estudio hidráulico para identificar las zonas en riesgo de inundación en terreno rústico.

No obstante, las negociaciones siguen estancadas en cuanto a la propuesta del PP de legalizar las construcciones fuera de ordenación pero cuyos casos ya han prescrito, por lo que no pueden ser demolidas por la administración, a lo que la izquierda se opone.

«Entendemos la necesidad de que las personas que ahí viven al menos puedan hacer de manera legal reformas de seguridad. Ese es el objetivo y de lo que hablamos con la izquierda. Ello se oponen a la legalización, a ver si hacen alguna contrapropuesta con la que podamos dar seguridad a estas personas sin que la fórmula sea la de la legalización», ha apuntado Sagreras.

Así, ha ahondado, la intención de los populares es continuar negociando a lo largo de este lunes y, de ser necesario, antes de la sesión plenaria del martes por la mañana, para tratar de llegar a un consenso al respecto.

«Nosotros trabajamos con las transacciones que hay en estos momentos, si no hubiese acuerdo entre esta tarde y mañana por la mañana ya estudiaríamos las alternativas del Govern y de los grupos parlamentarios para poner solución a estos posibles problemas», ha dicho.

El PSOE contra la construcción en zonas inundables

Mientras, el portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela, espera que el PP «mueva ficha» y haga «una rectificación de verdad» del decreto ley de simplificación administrativa no permitiendo legalizar edificaciones fuera de ordenación en zonas inundables.

Negueruela se ha pronunciado así, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha mantenido que el Grupo Socialista está dispuesto a «negociar hasta el último momento» y, en este sentido, ha creído que «el Govern, la presidenta y el PP tienen una oportunidad para hacer una rectificación de verdad» del decreto de simplificación, aprobado en el mes de mayo en Consell de Govern, para que, «al menos, no se permita construir ni legalizar edificaciones fuera de ordenación en zonas inundables y en el resto de áreas de riesgo».

Més anuncia su voto en contra

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha avanzado que su Grupo votará en contra del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa «porque es un insulto del PP, y sus socios de Vox, a quienes han hecho las cosas bien, que han construido sí han podido y no han construido si no han podido».

Así lo ha comunicado Lluís Apesteguia, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha lamentado que, «de momento, no hay acuerdo» entre los grupos de la izquierda y el PP para hacer marcha atrás en la legalización de edificaciones en zonas de riesgo ni para volver a la normativa que vetaba la opción de construir en estas zonas.

No obstante, el portavoz de Més ha mantenido que desde su grupo «se será capaz de llegar al último segundo, si hace falta, para mirar de llegar a un consenso de todas las fuerzas democráticas de este Parlament para proteger y dar seguridad a las personas», lo cual «pasa porque, en zonas de riesgo, especialmente en zonas inundables, ni se construya, ni se legalice», ha añadido el ecosoberanista.

Preguntado por la posibilidad de que estas dos cuestiones se voten por separado, Apesteguia ha considerado que «ambas» deben de ir «en bloque», más, cuando se habla de «protección y seguridad de las personas ligado al urbanismo», puesto que, en su opinión son temas que «se ha de mirar desde una óptica global».

«Al final, el mensaje que desde Més tenemos claro que se ha de transmitir a las personas es que en zonas de riesgo no se ha de vivir», ha afirmado «y aquí hay diferentes casuísticas», ha añadido, «gente que tiene un terreno en el que querría construir, y a estas personas hay que decirles mira no puedes construir, o personas que por x circunstancias han construido de forma ilegal en estas zonas, y a estas personas también hay que decirles no lo puedes legalizar porque estas casas han de desaparecer a medio y largo plazo».

Incentivos a policías y guardias civiles

Por otra parte, el portavoz del PP  ha celebrado que el Pleno de la Cámara balear apruebe este martes como ley el Decreto de Simplificación Administrativa que «reducirá la burocracia y agilizará trámites a ciudadanos y empresas de las islas». «De esta manera cumplimos con otro de los compromisos del PP y de la presidenta Prohens como es el de luchar contra el exceso de burocracia, de papeleo, contra los cuellos de botella en la Administración», ha señalado Sagreras.

El portavoz del PP ha recordado que la ley incluye desde medidas de agilización para la vivienda como la colaboración de ECUs para la
obtención de licencias hasta la historia social única con el objetivo de agilizar la tramitación de prestaciones sociales.

«Durante la tramitación hemos introducido cuestiones importantes como
deducciones fiscales para los gastos derivados del cuidado de mayores, para
trabajadores públicos que ocupen plazas de difícil cobertura, para profesionales sanitarios, docentes, Policía Nacional o Guardia Civil», ha concluido Sagreras.