El Parlament insta a Sánchez a incluir la insularidad digna en los presupuestos generales de 2024
El objetivo es la "captación y fidelización para lograr que Baleares se convierta en un destino de servicio atractivo"
Desde el PP explican que "hay que conseguir que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo por ser destinados a Baleares"
El Govern de Prohens exigirá a Sánchez alargar la gratuidad del transporte público en 2024
El PP que encabeza Marga Prohens y el resto de partidos que forman el Parlament han instado al próximo Gobierno a hacer efectiva una insularidad digna para que los funcionarios de la Administración General del Estado “puedan percibir una compensación de los gastos derivados de la insularidad adaptados al coste real de la vida incorporándose de forma justa y efectiva en los próximos Presupuestos Generales del Estado”.
Lo ha hecho tras conseguir unanimidad en el Parlament para aprobar una Proposición No de Ley (PNL) cuyo objetivo es, según ha manifestado la diputada popular Cristina Gil, la «captación y fidelización para lograr que Baleares se convierta en un destino de servicio atractivo y que estimule la total y permanente cobertura de las plazas de empleados públicos de la Administración del Estado”.
En relación a esto, Gil ha asegurado que «Baleares necesita una insularidad digna, hay que conseguir que los funcionarios del Estado no pierdan poder adquisitivo por el simple hecho de ser destinados a Baleares, es necesario aumentar el complemento retributivo de estos trabajadores” porque “de lo contrario, se está traduciendo en una clara infradotación de empleados públicos, una mayor carga de trabajo y una peor atención a los ciudadanos”, ha añadido Gil.
Asimismo, la diputada ha explicado que “hay 8.000 funcionarios cuya indemnización por residencia no se ajusta al actual nivel de vida y eso tiene como consecuencia que las vacantes repercuten en los servicios, con falta de seguridad”. Además, Gil ha afirmado que “nuestra comunidad autónoma debe resultar atractiva en las mismas condiciones que otros territorios que no padecen los perniciosos efectos de la insularidad cuando no es compensada”.
Por último, la dirigente popular ha expuesto que “el Gobierno de España debe realizar un estudio económico sobre los costes reales originados a los empleados del sector público estatal que despliegan sus funciones en Balears con el objetivo de actualizar la indemnización por residencia para ajustarla a la realidad”.
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