El obispo de Mallorca prosigue en el Supremo la batalla contra las jerónimas por la propiedad del convento

El Obispado de Mallorca no se rinde y seguirá batallando contra las monjas por la titularidad del convento de Sant Jeroni, en el centro histórico de Palma. La Diócesis que preside el obispo Sebastià Taltavull ha interpuesto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de la Audiencia Provincial en relación a la propiedad del Monasterio de Santa Isabel, conocido como de Sant Jeroni,  y que determina que el enclave pertenece a las monjas jerónimas

En un comunicado, la institución explica que ratifica así su postura al considerar la sentencia de la Audiencia como no ajustada a derecho.

A mediados de mayo la Audiencia ya desestimó un recurso por la propiedad del monasterio y confirmo la decisión del Juzgado que reconocía a las religiosas como dueñas de este complejo. En aquel momento, el Obispado informó que se daba un plazo para analizar los pasos jurídicos a seguir.

El litigio incluye tres fincas ubicadas en la calle Porta del Mar de Palma: dos viviendas de 96 y 99 metros cuadrados y la iglesia y convento, con una superficie construida de 6.418 metros cuadrados. Todo el conjunto cuenta con un inmenso valor patrimonial. 

El Juzgado declaró que la congregación es la propietaria de estos tres inmuebles «por haber adquirido su dominio mediante la posesión inmemorial, durante el transcurso de más de 30 años, pública, pacífica e ininterrumpida».

En un recurso contra esa sentencia, el Obispado insistió en que era el propietario de las tres fincas del Monasterio de Santa Isabel porque en virtud de una Ley de 1860 adquirió el dominio de todos los monasterios de la isla desamortizados que todavía no se habían vendido, incluido éste; y posteriormente los bienes fueron confiscados por el Estado en 1933.

Además, señalaba que la congregación no dispone de un título de propiedad «vigente, válido y eficaz», y que desde 1855 las monjas nunca habrían poseído el monasterio como dueñas sino que lo habrían ocupado por mera tolerancia del Obispado.

La Audiencia no acogió sus argumentos y declaró que las propietarias de los tres bienes inmuebles antes de las desamortizaciones eran las Jerónimas.

El convento y la desamortización

Incidía en que, con la Ley de 1860, la recuperación de la propiedad se producía «a favor de quien, antes de tal desamortización, había sido el propietario», y en el caso del Monasterio de Santa Isabel de Palma «a dichas propietarias fueron ‘devueltos’ los bienes que en su día fueron objeto de desamortización que no llegaron a ser enajenados por el Estado».

Rechazaba igualmente el argumento de una posesión tolerada por el Obispado en base a la «numerosa documental» que ha aportado la congregación de religiosas.

El pasado mes de mayo,  tras conocer la decisión de la Audiencia, la presidenta de la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula y priora del monasterio, Sor Ángeles Sanz (Sor Natividad), afirmó que había recibido  «con gran alegría» la notificación de la sentencia.

La Federación Jerónima celebró en un comunicado la consiguiente cancelación del asiento inmatriculatorio por las certificaciones del entonces obispo Javier Salinas en 2014, «emitidas contra todo derecho y razón».

La entidad también subrayó que las monjas vienen «poseyendo, ampliando, cuidando y atesorando pacíficamente» el monasterio desde 1485, y deseó que esta sentencia sea «el último y definitivo capítulo de esta controversia, tan larga como lamentable», que les ha enfrentado «a alguien tan de la Iglesia como es un obispo».

Finalmente la sentencia de mayo a favor de las jerónimas no puso fin al conflicto, com se ha sabido este jueves con la decisión del Obispado de acudir al Tribunal Supremo.

Las monjas jerónimas iniciaron su batalla contra el Obispado a mediados de febrero de 2014, el mismo día en que las últimas cinco religiosas abandonaron el monasterio que había sido su casa durante siete siglos para unirse a sus compañeras de Inca.

Hubo una misa de despedida presidida por el entonces obispo de Mallorca Javier Salinas. Justo después del cierre del convento, la orden religiosa y el Obispado se enfrentaron para ver quién se quedaba las llaves. La jerónimas llevaron el tema a los juzgados.

Arte en el convento de Sant Jeroni

En el conflicto intervino pronto el Consell de Mallorca, cuyo presidente de entonces era Miquel Ensenyat. «Entendemos que la propiedad es de las religiosas, pero lo tiene que determinar un juez», señaló Ensenyat tras recibir a la comitiva de las religiosas para actuar de mediador y como máximo responsable de Patrimonio.

Pero la propiedad del convento no es el único frente abierto de las jerónimas en Palma. El segundo empezó con el intento de traslado por parte de las religiosas de más de 800 piezas, muebles y obras de arte, al monasterio de Inca donde, aseguraban que tendrían mejores condiciones de conservación. Inicialmente intentaron realizar el traslado de estas piezas sin formalizar ningún trámite administrativo y aparcando los camiones de mudanzas a la puerta del templo.

El Obispado consideró que lo que se hacía era un expolio y paralizó la salida de las piezas. Tuvo que intervenir el Consell de Mallorca, dado que Sant Jeroni está catalogado como Bien de Interés Cultural.

La orden inició entonces los trámites para legalizar el traslado y obtuvo el beneplácito de la comisión de Patrimonio. La mudanza afectó a 118 obras pictóricas de pequeño formato, medio centenar de frontales de altar fechados desde el siglo XV o 650 ornamentos textiles, muchos de los cuales se guardaban en la sacristía, la parte peor conservada del convento. Es menos de una tercera parte del tesoro patrimonial que guarda Sant Jeroni y que continúa degradándose a la espera de que su futuro se dirima de forma definitiva por la Justicia.

De momento, el convento Sant Jeroni sigue su paulatino deterioro vacío y cerrado a cal y canto. Hubo un proyecto frustrado para que el monasterio fuera gestionado por Amadip, una asociación para la integración de personas con discapacidad. La idea era crear un centro cultural que contaría con hospedería, restaurante y museo, y que permitiría el retorno de las religiosas y la continuación de la actividad eclesiástica de la iglesia.

Se contemplaba también la recuperación de los huertos del convento Sant Jeroni y una plantilla integrada por personas con discapacidad intelectual. Una «función social» que alababan tanto las jerónimas como el Consell pero no así el Obispado de Mallorca.