Menores marroquíes de vacaciones en Ibiza van a la comisaría de Policía y piden ser acogidos como menas
Se trata de una nueva artimaña utilizada para conseguir ayudas y después solicitar la reagrupación familiar
En los últimos meses, se ha detectado un preocupante incremento de casos en los que menores de nacionalidad marroquí se presentan solos en dependencias policiales en diferentes ciudades españolas, entre ellas en Ibiza, con una maleta y sus pertenencias, solicitando ser reconocidos como menas (Menores Extranjeros No Acompañados) para acogerse al sistema de protección de menores de las instituciones insulares.
Según fuentes próximas al caso consultadas por OKBALEARES, esta práctica responde a una estrategia premeditada por parte de familias marroquíes, que viajan legalmente a España con visado turístico (vacaciones), pero dejan a sus hijos en el país para que sean tutelados por las instituciones públicas. Los progenitores, tras guiar a los menores hasta las comisarías, regresan a Marruecos.
Las autoridades advierten de que este fenómeno no solo representa un uso indebido de los recursos destinados a la protección de menores, sino que podría estar vinculado a un intento de regularización encubierta. Se sospecha que, al alcanzar la mayoría de edad, estos jóvenes podrían solicitar el reagrupamiento familiar, invocando arraigo en España y facilitando así la entrada legal de sus padres al país.
La picaresca, que comenzó a detectarse en ciudades como Bilbao, se está extendiendo a otras zonas del territorio español, siendo Ibiza uno de los nuevos focos de atención. Los cuerpos policiales, a través de sus sindicatos, denuncian la falta de herramientas legales para frenar esta tendencia y alertan del impacto que puede tener sobre el sistema de acogida, ya de por sí tensionado por la creciente demanda.
Por el momento, las instituciones de protección de menores deben acoger a estos jóvenes al no poder demostrar, en un primer momento, que están acompañados o que su abandono ha sido intencionado. Mientras tanto, se abre el debate sobre cómo reforzar los controles y evitar que este tipo de prácticas acaben saturando un sistema pensado para menores en situación de vulnerabilidad real.
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