Maribel Cerezo: «Defendemos la deportación para los ilegales que delinquen, sea el delito grave o leve»

• Tomas Ibarz
• Jefe Sección Política OKBaleares
• • 07/11/2026 04:00
  • Actualizado: 07/11/2026 04:00

La irrupción de Maribel Cerezo en la primera línea del panorama político balear se ha producido por partida doble. Es la cabeza de lista de Vox al Congreso por Baleares y, además, esta semana ha sido incorporada por Gabriel Le Senne a la cúpula directiva de la formación de Santiago Abascal en las Islas. En la primera entrevista que concede, Maribel Cerezo desgrana para OKBALEARES las prioridades de su programa.

PREGUNTA.- Vox y el PP no disimulan su entendimiento de cara al 29-N. El argumento compartido es la necesidad de echar a Pedro Sánchez. Las encuestas apuntan a que podría producirse un cambio de Gobierno. Si se consigue ese objetivo, ¿será fácil mantener el entendimiento entre ambos partidos para gobernar y afrontar cuestiones de mayor calado?

RESPUESTA.- Nosotros nos presentamos para ganar y gobernar. Es cierto que nuestro principal objetivo es echar a Pedro Sánchez y a todo su séquito de La Moncloa para poder llevar a cabo el cambio que necesita España y que necesitan los españoles. Si para conseguirlo necesitamos pactar con el PP, por supuesto que estaremos dispuestos a hacerlo con aquellos que estén abiertos a hablar y, sobre todo, a cumplir lo que acordemos en esos pactos.

Queremos impulsar cambios que ya se están llevando a cabo en diferentes lugares de España. Tenemos acuerdos en Aragón, Castilla y León, Andalucía y Extremadura, y se están aplicando medidas que tienen en cuenta nuestro eje fundamental: la prioridad nacional. Los españoles, por delante de todo. Mientras el PP esté dispuesto a seguir por ese camino, no creo que haya ningún problema para alcanzar acuerdos.

P.- Ha mencionado en muy poco tiempo los tres grandes ejes de la campaña de Vox: prioridad nacional, desregulación económica e inmigración. Empecemos por la prioridad nacional. ¿Se parece a la que defiende el Gobierno de Marga Prohens en Baleares?

R.- La prioridad nacional no es un eslogan. Es lo que nosotros queremos y lo que estamos consiguiendo incorporar en las diferentes comunidades autónomas a través de los pactos con el PP. Por ejemplo, se han introducido requisitos de un mínimo de diez años de empadronamiento en España para poder acceder a una vivienda social y de cinco años para acceder a un alquiler social. Por lo tanto, nosotros no vamos con eslóganes, sino con medidas reales que queremos llevar a cabo y que ya estamos impulsando.

P.- Entonces, ¿considera que la prioridad nacional que defiende el Gobierno de Prohens se parece a la de Vox?

R.- No voy a decir si se parece o no. Lo que sí puedo asegurar es que nuestra prioridad nacional no es un eslogan. Son medidas concretas.

P.- Entiendo entonces que Vox considera que, mientras no se traduzca en medidas concretas, la prioridad nacional de otros partidos se queda en un eslogan.

R.- Efectivamente. Mientras no se lleve a medidas concretas, sería un eslogan.

P.- Vamos con la segunda pata del programa: la desregulación económica. Vox plantea menos impuestos y, sobre todo, menos burocracia. ¿Se puede reducir esa burocracia sin que Bruselas ponga obstáculos?

R.- Nuestra propuesta es disminuir al máximo toda la burocracia que están soportando los españoles. Para ello tendremos que actuar en todos los niveles de la Administración. Pero no todas las trabas vienen de Bruselas. Muchas proceden directamente de la normativa autonómica, que representa el 75% del total de los textos normativos aprobados en España. Por eso, toda actuación administrativa debería justificar que es realmente útil y proporcional. Lo que no sea estrictamente necesario hay que eliminarlo y lo que sí lo sea debe simplificarse al máximo.

Entre las medidas concretas que proponemos está la ventanilla única, para que los ciudadanos no tengan que presentar una y otra vez los mismos documentos. También queremos acabar con las citas previas obligatorias y aplicar el silencio administrativo de manera que favorezca al ciudadano. Además, buscamos garantizar la unidad del mercado nacional mediante la eliminación de trabas administrativas y duplicidades regulatorias. No puede ser que un autónomo, un comerciante o un fabricante tenga que solicitar 17 permisos distintos para acabar vendiendo exactamente lo mismo.

Todas estas reformas pueden impulsarse desde nuestras propias instituciones, sin necesidad de autorización de Bruselas. Por tanto, no tendría por qué haber ningún problema con Europa.

P.- En los actos públicos de Santiago Abascal en Baleares, en Menorca, Palma e Ibiza, uno de los asuntos que más preocupó a los asistentes fue la inmigración. Es un tema que lleva años presente en esta comunidad. Para detectar a quienes se encuentran en situación irregular, ¿habrá una política de persecución policial?

R.- Vox siempre ha dado la bienvenida a todo aquel que venga a España a trabajar, a aceptar nuestras costumbres y a convivir con nosotros.

El problema principal que tenemos ahora mismo es que en España ya no cabe más gente. Han entrado cinco millones de personas en apenas cinco años y eso ha tenido consecuencias directas en la precariedad del sistema sanitario, en las dificultades para acceder a una vivienda, en la disminución de la seguridad en nuestras calles y también en la propia identidad del país. Por eso, quienes entren de forma ilegal no podrán regularizar su situación a partir de ahora. Eso es lo que quiere Vox.

Además, queremos devolver el sentido común a la política migratoria. Buscamos repatriar a todas las personas que se encuentren en situación irregular en nuestro país. También hablamos de remigración para aquellas personas que viven en España, reciben subsidios y no consiguen encontrar aquí prosperidad. Queremos ayudarles a regresar a sus países.

Y, por supuesto, defendemos la deportación de quienes delinquen, independientemente de que el delito sea grave o leve. No podemos permitir que el delito se convierta en una forma de vida. También queremos deportar a quienes pretendan imponer sus costumbres, sus hábitos o culturas ajenas a nuestro modo de vida, especialmente cuando no respeten la dignidad de las mujeres. Esa es nuestra propuesta en materia de inmigración.

P.- Cuando hablamos de inmigración irregular, parece que cada escenario requiere algún tipo de investigación. ¿Se trataría de tomar la iniciativa y salir a buscar a esas personas, y no solamente actuar cuando se las encuentra en una comisaría?

R.- No se trata de salir a buscarlas. Al final, el policía persigue al delincuente y quien se encuentra en una situación ilegal en España está incumpliendo la legalidad. Eso no quiere decir que la Policía vaya a salir a buscar a la gente, por supuesto que no. Lo que sí es cierto es que quien no cumpla nuestras normas y la legalidad española no puede regularizar su situación en España.

P.- Si Vox llega al Gobierno, ¿pedirá que Frontex actúe directamente sobre el terreno en Baleares para frenar la inmigración ilegal?

R.- Vox ya lo está pidiendo y lo ha solicitado en Bruselas. Es cierto que todavía no puede actuar porque el Gobierno español no lo ha solicitado. Una de nuestras prioridades es proteger a España de la inmigración ilegal. Por supuesto, con Vox en el Gobierno sería posible y solicitaríamos la actuación de Frontex para protegernos y ayudarnos a frenar esa inmigración ilegal que nos está llegando día a día y de la que todos somos conscientes.

P.- ¿Considera que el PP ha experimentado un viraje en los últimos años y se ha acercado al discurso de Vox en materia de inmigración?

R.- No sé si se acerca o no, porque realmente desconozco qué están pensando. Es cierto que están cambiando de opinión y virando su discurso, pero no sé cuáles son sus intenciones. Lo que sí sé es que el PP votó a favor de una iniciativa en el Congreso para tramitar la regularización de 500.000 personas. Eso está en contra de lo que nosotros pensamos.

Vox nunca tramitará una iniciativa para regularizar a personas que hayan entrado de forma ilegal en España, como sí han hecho el PSOE y el PP en este caso. No sé qué pretende hacer el PP en el futuro, pero lo que ha hecho hasta ahora no está alineado con nuestras posiciones.

P.- Vox aspira a repetir el diputado por Baleares en el Congreso e incluso algunas encuestas apuntan a la posibilidad de conseguir un segundo escaño. Jorge Campos ha dedicado buena parte de su trabajo parlamentario a defender la igualdad del español frente a las lenguas cooficiales y a denunciar que en Baleares existe un predominio del catalán. ¿Tiene ya identificado el asunto que quiere defender en el Congreso?

R.- Creo que Jorge Campos ha defendido fundamentalmente la libertad: la libertad de utilizar la lengua que cada uno quiera. Respetar las diferentes lenguas que conviven en España es respetar nuestra cultura y nuestra tradición. Cada persona debe poder decidir en qué lengua habla y, sobre todo, en qué lengua quiere que se eduque a sus hijos. Por supuesto, seguiremos trabajando en el Congreso para que esa libertad lingüística persista y, especialmente, para que llegue a Baleares, porque todavía no tenemos la libertad de lengua que nos gustaría.

Continuaré con el trabajo que ha realizado Jorge Campos, que considero muy bueno y positivo para defender el castellano y también el resto de las lenguas cooficiales de España. Nosotros no queremos imponer una lengua sobre otra. No queremos imponer el castellano sobre las demás, sino que cada uno pueda decidir libremente en qué lengua habla y en cuál quiere educar a sus hijos.

Pero también quiero trabajar en otros ámbitos. Por ejemplo, queremos evitar que profesionales sanitarios perfectamente formados, como médicos y enfermeros, no puedan incorporarse a nuestro sistema sanitario o tengan que marcharse por no tener el catalán.

P.- ¿Considera que el requisito lingüístico está limitando la llegada de profesionales sanitarios a Baleares?

R.- La lengua no puede convertirse en un impedimento para que profesionales formados puedan venir a trabajar. No podemos permitir que eso termine perjudicando nuestros servicios sanitarios y nuestros servicios públicos. Por esa línea seguiremos trabajando, como ha hecho Jorge Campos. En cuanto a mi experiencia personal, creo que también puedo aportar mucho en otros ámbitos en los que soy especialista.

Soy profesora y he trabajado en diferentes tipos de centros educativos, tanto públicos como privados. He impartido clases en todas las etapas: Primaria, Secundaria y Bachillerato. Conozco muy bien lo que sucede en las aulas, lo que necesitan nuestros alumnos, sus familias y, sobre todo, los docentes, que tienen muchas reivindicaciones actualmente. Creo que puedo aportar mucho a los ciudadanos españoles en materia educativa.

Además, tengo un doctorado en Ciencia y Tecnología, especializado en cambio global. Tengo experiencia investigadora y académica y soy docente universitaria. Conozco la ciencia y toda la burocracia que están soportando los investigadores en España. También sé que muchos tienen que marcharse por la precariedad de las condiciones de la ciencia y de los contratos. Por eso quiero trabajar para mejorar las condiciones de nuestros investigadores y conseguir que puedan regresar quienes se han tenido que ir porque aquí no han encontrado oportunidades.

P.- España ha sufrido dos grandes catástrofes ferroviarias en apenas nueve meses, con cerca de 120 fallecidos. Son tragedias que han conmocionado al país y, sin embargo, la dimisión del ministro Puente no se ha producido hasta una semana después del último. ¿Dónde situaría Vox el límite de la responsabilidad política si llega al Gobierno?

R.- Lo primero es trasladar nuestro pésame a todas las familias de las víctimas y nuestra solidaridad con los heridos y con todas las personas afectadas. Estamos hablando de una tragedia terrible que ha costado la vida a más de cien personas. Es algo inaceptable. Como ha dicho nuestro presidente, Santiago Abascal, sentimos rabia ante todo lo que está ocurriendo en España.

Los españoles están pagando una cantidad de impuestos como nunca antes y, sin embargo, estamos viendo que cada vez se invierte menos en nosotros. Ya no hablamos solamente de que los servicios públicos tengan una calidad mejor o peor. Estamos poniendo en riesgo nuestra propia seguridad. Estamos viendo cómo la falta de inversión provoca accidentes que tienen consecuencias fatales. Esa falta de inversión está teniendo efectos que van mucho más allá de la calidad de los servicios.

La inversión ferroviaria en España ha caído un 66,7% respecto a 2009. Hay fondos presupuestados que no se están ejecutando y un sistema de seguridad cuya modernización sigue pendiente. Como ha dicho muchas veces nuestro presidente, la corrupción mata y el fanatismo ideológico también mata. Se han descuidado las infraestructuras mientras se ha destinado dinero a otras cuestiones que no eran prioritarias.

Todavía hay que esclarecer las causas de esta última tragedia, pero no podemos aceptar que el Gobierno se apresure a buscar un cabeza de turco para eludir sus propias responsabilidades políticas. Un político debe asumir responsabilidades cuando su gestión pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, como ha ocurrido en este caso. No hace falta esperar a una condena judicial para exigir responsabilidades políticas.

Estas responsabilidades existen desde el momento en que las decisiones personales o las decisiones de un partido nos han llevado a esta situación. Por eso exigimos explicaciones y responsabilidades, no solamente al ministro Óscar Puente, sino también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.