El lujo prohibido de vivir donde naciste

En Baleares, vivir donde uno nació se ha convertido en una extravagancia. No porque falte suelo, ni porque escasee el talento, ni siquiera porque la economía vaya mal. El drama de la vivienda en nuestras islas es, sobre todo, un problema político: una suma de decisiones erróneas, dogmas ideológicos y una profunda desconfianza hacia la libertad de los ciudadanos.

El acceso a la vivienda no se ha encarecido por una maldición climática ni por un castigo del destino. Se ha encarecido porque durante años se ha legislado contra el sentido común. Se ha demonizado al propietario, se ha intervenido el mercado del alquiler, se ha perseguido la construcción y se ha tolerado, cuando no blanqueado, la ocupación ilegal. El resultado está a la vista: menos oferta, más inseguridad jurídica y precios disparados.

En Baleares, donde la insularidad ya supone una presión estructural, estas políticas actúan como gasolina sobre el fuego. El alquiler se ha vuelto inasumible para jóvenes, familias trabajadoras, policías, sanitarios o profesores. Y, sin embargo, desde los despachos oficiales se insiste en repetir los mismos mantras que ya han fracasado: topes de precios, más burocracia y más impuestos. Como si la realidad tuviera la obligación moral de obedecer a los decretos.

Hay algo profundamente infantil en esta forma de gobernar: se cree que prohibir equivale a solucionar. Pero la economía no es un aula de primaria ni los ciudadanos son menores de edad. Cuando se castiga al que ofrece vivienda, la vivienda desaparece. Cuando se protege al que incumple la ley, la ley pierde valor. Y cuando el Estado pretende sustituir al mercado sin asumir sus costes, el resultado es escasez.

Y es que el problema de la vivienda en Baleares debe abordarse desde principios tan antiguos como razonables: seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y libertad económica. No es una postura ideológica extrema; es simple realismo. Donde hay reglas claras, hay inversión. Donde hay inversión, hay oferta. Y donde hay oferta, los precios se moderan.

Liberar suelo, agilizar licencias, proteger al propietario frente a la ocupación y retirar al poder político del papel de casero moralista no es insensibilidad social. Es, precisamente, la única política verdaderamente social que existe. Porque no hay mayor injusticia que condenar a una generación a vivir de alquiler eterno o a marcharse de su tierra por culpa de una ingeniería social fallida.

Algunos prefieren hablar de «derecho a la vivienda» como si se tratara de un objeto que el Estado pudiera repartir desde un almacén público. Pero los derechos no se decretan: se garantizan creando las condiciones para que puedan ejercerse. Y eso exige menos consignas y más razón.

Baleares necesita volver a una política adulta. Una política que confíe en los ciudadanos, que deje de castigar al que cumple la ley y que entienda que la vivienda no se abarata persiguiendo a propietarios, sino permitiendo construir, alquilar y vivir con libertad. Todo lo demás es retórica. Y la retórica, por desgracia, no paga alquileres.

• David Gil de Paz es portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca.