«Llevo 30 años viviendo en mi casa, ahora me sacan y quieren que me vaya a compartir piso»
María García, de 80 años y vecina de Es Pont d'Inca, ha sido desahuciada por el Ayuntamiento por peligro de derrumbe
A las diez de la mañana de este viernes, varias dotaciones de la Policía Local de Marratxí, Servicios Sociales y la Brigada Municipal intervinieron en un operativo de desahucio en la calle San Alonso, en la zona de Pont d’Inca. La actuación se llevó a cabo debido al riesgo de derrumbe del edificio de titularidad municipal en el que residía una vecina de 80 años.
María García Cabrera habitaba una de las viviendas situadas en la planta superior del archivo municipal de Marratxí, donde se instaló hace más de 30 años junto a su esposo. Tras el fallecimiento de éste, la familia dejó de abonar el simbólico alquiler que se les había establecido en su momento. En ese edificio también vivía un matrimonio con su hijo mayor que en un principio también se negaron a abandonar su hogar, pero que finalmente han sido realojadas.
«Llevo 30 años viviendo en mi casa y ahora me sacan y quieren que me vaya a compartir piso «, apunta la afectada. Recientemente, técnicos municipales detectaron un agujero de grandes dimensiones en el suelo del archivo, lo que activó las alarmas por posibles daños estructurales. El Ayuntamiento procedió al desalojo inmediato del personal del archivo y solicitó una evaluación técnica del inmueble. Los informes preliminares señalaron un riesgo real de derrumbe, por lo que se aconsejó evacuar también la vivienda ubicada en la parte superior.
En agosto, el Consistorio notificó oficialmente a los moradores de las dos viviendas la necesidad de abandonar la vivienda. Desde Servicios Sociales se comenzó a trabajar con las familias afectadas, ofreciéndoles soluciones habitacionales temporales viviendas municipales destinadas a situaciones de emergencia social del Ayuntamiento, actualmente desocupadas.
Sin embargo, María y sus allegados mostraron reticencias a aceptar la propuesta, al considerar que una mujer de 80 años no debería verse obligada a compartir piso. Ante el serio peligro de derrumbe, el Ayuntamiento tuvo que informar a la autoridad judicial quien dictó un auto de desalojo.
Durante el desahucio, Elvira García, regidora de Servicios Sociales, Igualdad, Salud y Consumo, se desplazó al lugar para mediar con los familiares, visiblemente nerviosos. García les explicó que la reubicación era provisional y que se trabajaría en buscar una solución habitacional acorde a sus necesidades.
Finalmente, tras la intervención de los servicios sociales, el jefe de la Policía Local y la regidora, la familia accedió al traslado. La Brigada Municipal colaboró en el transporte de los enseres más pesados hasta la nueva residencia.
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