La jugada de Armengol: los diputados de Baleares no están aforados, los del Congreso, sí

La renuncia de Armengol a repetir como candidata en las elecciones autonómicas de 2027 en Baleares para mantenerse blindada al frente de la Presidencia del Congreso y ser de nuevo cabeza de lista del PSOE por Baleares en las próximas elecciones generales, tiene una clara lectura judicial ante los incontables casos de corrupción que acosan a los socialistas.

Baleares es, junto a Cantabria, Murcia, Canarias, La Rioja y Aragón, las comunidades que han eliminado los aforamientos para sus diputados y miembros del Gobierno regional, de modo que ya pueden ser juzgados por tribunales de justicia ordinarios.

No es el caso de los diputados en el Congreso, que sí están aforados y por tanto, cualquier asunto judicial en el que resulten imputados requiere la aprobación por la Cámara del suplicatorio del Tribunal Supremo.

Estas seis modificaciones autonómicas se produjeron antes de la reforma de la Constitución que prometió en 2018 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para eliminar los fueros a nivel nacional, que sigue congelada durmiendo el sueño de los justos. La última comunidad en sumarse fue Aragón, después de que las Cortes aprobaran definitivamente a finales del año 2022 la reforma de su Estatuto, mediante la que se suprimen los aforamientos de los miembros del Gobierno regional y de los diputados autonómicos, entre otras cosas.

Antes, a mediados de 2021, el Congreso y el Senado apoyaron la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja que suprime los aforamientos y limita a dos los mandatos de su presidente, entre otras medidas. También en 2021, Cantabria y Murcia hicieron efectiva su reforma de sus respectivos Estatutos de Autonomía para poner fin a los privilegios jurídicos, con la práctica unanimidad del Parlamento.

Fue Canarias la primera comunidad autónoma que superó los trámites parlamentarios para hacer efectiva la reforma de su texto fundamental para acabar con estos aforamientos, de modo que la supresión se hizo efectiva en las elecciones autonómicas que se celebraron en mayo de 2019.

Y ya después, Murcia también consiguió el aval de las Cortes para la modificación de los artículos 25 y 33 de su norma autonómica, de tal manera que los diputados regionales y el Consejo de Gobierno seguirán protegidos en el ámbito de su libertad de expresión parlamentaria y política, pero no estarán excluidos de la jurisdicción ordinaria.

En el caso de Baleares, la medida es efectiva desde febrero de 2022.