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La izquierda que precarizó a las educadoras de guarderías de Palma reclama hacerlas funcionarias

Gobernando en 2022 adjudicó a una empresa los ocho centros privatizados con las mismas condiciones que en 2016

PP y Vox rechazan convertirlas en empleadas públicas, y este miércoles con el alcalde buscarán una salida al conflicto

Palma guarderías
Concentración de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma. EUROPA PRESS
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

La izquierda que precarizó a las educadoras de guarderías de Palma exige ahora que las hagan funcionarias y les suban el sueldo, algo que ha rechazado el gobierno en minoría del PP y su socio programático de Vox, en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Ciudad que se celebra en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Se trata de unas 130 educadoras de guarderías externalizadas que tras 39 días de huelga pusieron la semana pasada punto y seguido a la huelga indefinida. Un paro del conflicto entre el 6 y el 16 de junio, antes de reunirse este miércoles día 11 con el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Estos centros están gestionados por la empresa Estudi 6, cuyo contrato de gestión lo licitó el anterior gobierno municipal del ex alcalde socialista José Hila la pasada legislatura, concretamente en 2022, por dos años prorrogables por dos años más, que mantenía las condiciones que el anterior de 2016.

Además, no preveía modificaciones ni revisiones salariales que, en todo caso, dependen de la empresa que tiene adjudicada la gestión.

Ahora esas mismas formaciones estando en la oposición exigen al actual gobierno municipal que suscriba las reivindicaciones de estas trabajadoras e incumpla el acuerdo firmado por el socialista Hila.

Estas educadoras de las ocho guarderías municipales externalizadas exigen un incremento salarial que las equipare con las funcionarias de los tres centros públicos restantes. Reclaman una equiparación progresiva de sus salarios desde el 1 de enero de este año hasta el 1 de enero de 2026, con un primer aumento de 310 euros y que se ponga fin de manera progresiva a la diferencia salarial que existe con sus homólogas de gestión directa (tres centros públicos) de 700 euros mensuales (1.200 frente a 1.800 euros)

Los grupos de PP y Vox en el Ayuntamiento de Palma han votado este martes en contra de las propuestas de la oposición para internalizar a las educadoras de estas escoletes externalizadas, planteadas por Unidas Podemos, Més per Palma y PSOE, la coalición de partidos del anterior gobierno municipal hasta las elecciones d mayo de 2023.

En el debate para internalizar a las trabajadoras de las escoletes, la regidora de UP, Lucía Muñoz, ha recalcado que se trata de «trabajadoras pobres» que «se hacen cargo de lo más importante que hay en las casas» de Palma.

Por eso, ha pedido al Consistorio que «cambie su postura antisindical» y de «desprecio» hacia estas empleadas. La representante local ha propuesto como solución que estos servicios educativos sean de gestión directa para igualar las condiciones laborales a las del resto de compañeras y ha defendido que el modelo externalizado de escoletes «no es bueno para la infancia».

La teniente de alcalde de Hacienda, Función Pública y Gobierno Interior, Mercedes Celeste, ha acusado a Muñoz de hacer «demagogia», ya que, a su modo de ver, se estaría «aprovechando» de un problema que habría creado la anterior Corporación municipal.

Asimismo, ha considerado que esta sería una «propuesta oportunista», que «no solucionaría el problema» de estas trabajadoras. Por otro lado, ha reivindicado el sistema externalizado al afirmar que es «muy bueno» para la infancia, ya que, a su juicio, el hecho de que este servicio esté externalizado o internalizado «no hace que estas profesionales sean mejores».

Además, la mayoría de gobierno del PP con el apoyo de Vox en el Consistorio (17 de 29 concejales) ha dado luz verde a una proposición de resolución de Vox para una rebaja del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y otra para ampliar la plantilla de funcionarios de la corporación municipal.

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