La izquierda pasa el rodillo en el pleno y aprueba el nuevo Plan General de Palma
La oposición critica la falta de consenso y de participación en la redacción del nuevo plan urbanístico
Tras su publicación en el BOIB se abrirá un plazo de 45 días para poder presentar alegaciones
Su redacción ha corrido a cargo de un despacho privado, con un coste de un millón de euros
El alcalde socialista de Palma recupera un proyecto viario del PP de hace 14 años
Las formaciones de izquierda que gobiernan el Ayuntamiento de Palma han pasado el rodillo en el pleno que este jueves celebra el Consistorio y han dado luz verde a la aprobación inicial del nuevo Plan General.
Un planeamiento urbanístico para los próximos 20 años que se ha aprobado sin consensuar y con el voto a favor, exclusivamente, de los partidos del tripartito municipal de socialistas, nacionalistas y Unidas Podemos (UP) y críticas generalizadas de las formaciones de la oposición.
En especial, por la falta de participación en su redacción, que ha corrido a cargo de un despacho privado (972.000 euros), y de consenso en las propuestas urbanísticas que plantea, que no darían respuesta, según los portavoces de PP, Cs y Vox, a las necesidades de la ciudad en materia de vivienda, accesibilidad e impulso a la actividad económica para la Palma del futuro.
Mientras PP y Cs se abstuvieron, la formación liderada por el concejal Fulgencio Coll (Vox) votó directamente en contra por el «secretismo de su diseño» y «la fuerte carga ideológica que contiene».
Desde el gobierno municipal, la concejala de Modelo de Ciudad, Neus Truyol (Més), defendió la bondad de la iniciativa urbanística destacando la apuesta por la protección y uso racional del territorio, reduciendo un 46% (225 hectáreas) las previsiones de crecimiento y desclasificando hasta 212 hectáreas de suelo.
En total, se contempla la incorporación de dos millones de metros cuadrados de nuevas zonas verdes y la puesta en escena de nuevos espacios urbanos, como el Distrito Innovador de Nou Llevant, Son Busquets, los terrenos de la antigua prisión, Son Pardo o Son Güells, entre otros.
A partir de su próxima publicación en el BOIB, se abrirá un periodo de 45 días en el que todos los interesados podrán presentar alegaciones. Truyol defendió el modelo de ciudad que plantea, verde, inclusiva, sostenible, abierta a la innovación, con un modelo de barrios y pueblos de proximidad.
No lo ve así la oposición. El concejal Julio Martínez (PP) cargó contra la falta de información del equipo de gobierno y rechazó apoyar lo que calificó como un «cambalache de solares», acordado entre el gobierno municipal y particulares, y criticando que fuese un despacho privado el encargado de su redacción.
Martínez advirtió de que el plan supondrá un incremento del precio de la vivienda, del que saldrán perjudicados, especialmente los jóvenes, y solo beneficiará a los actuales propietarios, que verán incrementado su precio.
Para el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, la propuesta urbanística «no es beneficiosa para la ciudad, ya que muchas de las partes que se planean no se van a poder ejecutar, no sólo por financiación, sino también por otro tipo de problemas como el acceso a la vivienda».
Inseguridad jurídica
Coll apuntó también a otro problema del equipo de gobierno como es la credibilidad, «porque nuestra experiencia nos dice que ustedes normalmente están cerrados a modificaciones cuando tienen planes ideológicos» .
«Hay mucha inseguridad jurídica y esto espanta a los inversores, que se van a ciudades donde tienen más garantías», remachó.
Desde Cs, su portavoz, Eva Pomar, lamentó, en este sentido, que el nuevo planeamiento no aproveche la oportunidad para convertir locales vacíos en viviendas, recordando que en Palma el 35% de los locales están vacíos y cerrados en un momento de crisis habitacional.
«Creemos que no da respuesta al problema de acceso a la vivienda que sufre nuestra ciudad», dijo Pomar, criticando que, en cuestiones de movilidad, «lo fían todo a un tranvía, del que se lleva hablando 20 años, para conectar Plaza de España y Son Espases, algo que se puede realizar con un autobús por 200 millones de euros menos».
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