Intentaron revender 25 toneladas de almendras con toxinas y ahora se enfrentan a 14 años de prisión

La Fiscalía solicita penas que suman 14 años y tres meses de prisión, además de multas por un total de 18.000 euros, para los cuatro detenidos en Mallorca en mayo de 2023 acusados de intentar comercializar 25,5 toneladas de almendras procedentes de Australia contaminadas con aflatoxinas. Los procesados, un ciudadano neerlandés y tres españoles, están acusados de un delito contra la salud pública, mientras que tres de ellos también se enfrentan a un delito de desobediencia.

El juicio arrancó este lunes y está previsto que se prolongue durante toda la semana. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando el empresario de origen neerlandés, propietario de una empresa mallorquina, adquirió una partida de 25,5 toneladas de almendras sin cáscara a una distribuidora australiana por un importe superior a 66.000 dólares. El Ministerio Público sostiene que efectuó la compra conociendo el riesgo sanitario, ya que sobre la exportadora pesaba desde 2021 una alerta nacional activa en España por la comercialización de frutos secos en mal estado.

El cargamento llegó al puerto de Alicante en febrero de 2023, donde fue sometido a un control de Sanidad Exterior. Durante la inspección se detectaron niveles de aflatoxinas, unas toxinas de origen fúngico consideradas altamente cancerígenas, que superaban entre tres y diez veces los límites máximos permitidos por la normativa de la Unión Europea. Como consecuencia, la mercancía fue inmovilizada.

En marzo de 2023, las autoridades rechazaron cualquier posibilidad de descontaminar el producto debido a su elevado riesgo biológico y ordenaron su destrucción obligatoria. La Fiscalía sostiene que, ante las pérdidas económicas que suponía destruir el cargamento y asumir el coste de la incineración, el importador se puso de acuerdo con otros tres implicados en Mallorca para evitar que las almendras fueran eliminadas. Con ese objetivo solicitaron autorización para trasladar la mercancía hasta Palma, asegurando que sería destruida en la planta incineradora de Tirme, en Son Reus. Sanidad Exterior autorizó el transporte marítimo y precintó el camión.

Sin embargo, siempre según el relato del Ministerio Público, una vez que el cargamento desembarcó en Mallorca a principios del mes de mayo de 2023, el vehículo fue desviado a una nave situada en Binissalem. Allí, presuntamente rompieron los precintos oficiales, trasladaron las almendras contaminadas a sacas limpias y prepararon el envío de la mercancía de vuelta a la Península con la supuesta intención de venderla en el mercado negro al mejor postor.

Los cuatro acusados se enfrentan ahora al juicio en el que la Fiscalía mantiene su petición de 14 años y tres meses de prisión y multas por 18.000 euros por unos hechos que considera constitutivos de un delito contra la salud pública y, en el caso de tres de ellos, también de un delito de desobediencia.