El Govern justifica la amnistía urbanística en la Serra de Tramuntana: «No se construirá un palmo más»
Un área protegida de la Serra será legalizable en los mismos términos que un ANEI en cualquier otro lugar de Mallorca
El vicepresidente del PP Antoni Costa asegura que "es una cuestión de justicia"
El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha defendido la legalización de edificaciones en la Serra de Tramuntana, cuya infracción haya prescrito, por una cuestión de «justicia» y ha remarcado que no se construirá «ni un palmo más». En declaraciones a los medios este martes, después de asistir a la presentación del proyecto Islas en transformación del Govern, el vicepresidente ha explicado que las viviendas que se podrán acoger a la regularización extraordinaria que estén en suelo protegido tendrán que haber cometido la infracción antes de 1991.
PP y Vox han acordado ampliar la amnistía urbanística al suelo protegido de la Serra de Tramuntana. Esta modificación -las viviendas en la Serra no se podían legalizar- está recogida a través de una enmienda transaccionada presentada por Vox a la ley de proyectos estratégicos residenciales, actualmente en tramitación parlamentaria. Es una iniciativa que verá la luz antges del cierre definitivo del actual periodo de sesiones.
«Desmiento que prescriban las infracciones urbanísticas en la Serra en ocho años, es sencillamente mentira», ha manifestado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.
Según Costa, se pasa de una situación en la que no se podía legalizar nada a poder regularizar estas edificaciones por una cuestión de «justicia». «Un área natural de especial interés (ANEI) en la Tramuntana será legalizable en los mismos términos que un ANEI en cualquier otro lugar de Mallorca», ha dicho.
En relación con la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por grupos de izquierda contra esta norma ante el Tribunal Constitucional, Costa ha subrayado que el Gobierno de España y la Abogacía del Estado han «reafirmado» que la legalización «no tiene ningún tipo de problema de inconstitucionalidad».
«Pueden estar bien tranquilos los ciudadanos de Baleares con este proceso de regularización», ha asegurado, agregando que la norma dura tres años y, por tanto, «es el momento de hacerlo».
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