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El Govern defiende la libertad de los colegios para adherirse al plan de libre elección de lengua

"Tan libres han sido quienes se han sumado como quienes no lo han hecho", afirma Toni Costa

El portavoz subraya que, en todo momento, "ha imperado la libertad y la autonomía de los centros"

  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El Govern del PP que preside Marga Prohens ha defendido este viernes la libertad de los colegios de Baleares para adherirse al plan piloto de libre elección de lengua.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Toni Costa, ha evitado plantear como un fracaso el hecho de que sólo 11 centros concertados se hayan adherido finalmente al plan y ha puesto el acento en que los colegios han decidido libremente acogerse o no y ha pedido respeto y que no se señale a unos u otros.

«Tan libres han sido quienes se han sumado como quienes no lo han hecho», ha manifestado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que ha puesto el acento en que «ha imperado la libertad y la autonomía de los centros» y ha respondido a las críticas de Vox reivindicando que «se ha cumplido a rajatabla el acuerdo firmado en noviembre».

Sobre las críticas de Vox a la falta de participación de las familias en el proceso, Costa ha insistido en remitirse al acuerdo y su cumplimiento.

En relación a los 20 millones presupuestados, Costa ha reconocido que con el número de centros que se han sumado «sobrará una cantidad significativa» que se destinará a otras necesidades de la Conselleria.

Sobre esto, a finales de mayo, el conseller de Educación, Antoni Vera, adelantó que el dinero que sobrara se destinaría a atención a la diversidad, infraestructuras educativas, comedores escolares o transporte escolar, entre otras cuestiones.

También el sindicato independentista STEI, mayoritario en la enseñanza en Baleares, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra el plan piloto de elección de lengua en los colegios, pidiendo a los jueces que suspendan su aplicación como medida cautelar.

En un comunicado, el sindicato también ha pedido al conseller de Educación, Antoni Vera, que retire el plan por el «fracaso» en el reducido número de centros adheridos, un apoyo «ínfimo» en palabras del STEI.

Mientras, STEI combatirá e en los tribunales el plan solicitando suspender su ejecución por diversos motivos. Desde el punto de vista formal, plantea que no se puede modificar el régimen de uso de las lenguas en los centros docentes mediante una resolución de un conseller, sino que requeriría de desarrollo reglamentario.

En cuanto al fondo, el recurso judicial contra el plan se basa, resume STEI, en «los perjuicios que supondrá» y «cómo afectará a los derechos e intereses de diferentes colectivos de la comunidad educativa si se pone en marcha».

Entre esos perjuicios el sindicato menciona que «fomentará la segregación de los alumnos por motivo de lengua, lo que no recoge la normativa vigente». STEI ha razonado que el modelo permite agrupamientos flexibles que separen a los alumnos con finalidades académicas, para permitir una mayor personalización, pero «en ningún caso en función de la lengua elegida».

Además, la organización entiende que el plan afecta a los derechos de los docentes y de las familias por sortear los proyectos lingüísticos de cada centro. «Cuando las familias han hecho la matrícula en un centro no sabían si éste se había añadido al plan piloto y, por tanto, han dicho que conocían un proyecto lingüístico de centro que quizás se modificará», han planteado desde el STEI.

Asimismo, el sindicato considera discriminatorio el hecho de que los centros adheridos recibirán recursos adicionales. «Supone discriminar al resto de centros y a su alumnado y distribuir los recursos económicos de forma ineficiente y sin tener en cuenta sus necesidades reales. Ahora que se ha conocido la lista de once centros adheridos, este argumento tiene más peso que nunca», han abundado.

En conjunto, el STEI sostiene que el plan piloto vulnera el Estatut d’Autonomia y la normativa que obliga a asegurar el conocimiento de ambas lenguas oficiales.