El Govern de Armengol tiene en cola a más de 8.000 personas a la espera de una VPO pública de alquiler

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 26/01/2023 06:55
  • Actualizado: 26/01/2023 08:47

La magnitud del fracaso de la política de vivienda de la presidenta socialista Francina Armengol se constata en el hecho de que el Govern de coalición de socialistas, independentistas de Més y Podemos tiene en la cola, en estos momentos, a más de 8.000 baleares a la espera de una VPO pública de alquiler, según las listas de inscritos que ha hecho públicas el Instituto balear de la Vivienda (Ibavi).

Mientras que el Ejecutivo balear saca pecho por las viviendas sociales que ha construido pese que no alcanza ni la tercera parte (apenas 470) de las 1.800 prometidas, la realidad es que en estos momentos es una auténtica lotería que un ciudadano de las Islas pueda acceder a alguna de ellas. Los inscritos en esas listas reúnen las condiciones económicas para poder acceder a las mismas, ya que su renta les impide alquilar una en un mercado inmobiliario donde encontrar un piso por debajo de 900 euros al mes es una tarea titánica.

Son las consecuencias de los ocho años que lleva el Govern de Armengol ejecutando una política de vivienda que ha tenido como eje central una supuesta protección territorial que ha sacado del mercado suelo disponible, disparado el precio del restante, y ha hecho de la propiedad de la vivienda, un bien ya inalcanzable para las familias de Baleares.

Sólo en Palma hay más de 2.400 demandantes de una VPO pública de alquiler, siendo la capital balear por población (415.000 habitantes) donde lógicamente más demanda hay aunque le siguen las localidades colindantes como Calvià, donde hay 668 inscritos, y Marratxí con 630, destacando también los 560 de Inca, 216 en Llucmajor y 180 en Manacor. En Mallorca la lista supera los 5.700 demandantes. 

En Menorca, hay un total de 900 personas esperando un piso social del Govern de los que una tercera parte, en concreto 350 residen en Mahón, mientras en Ibiza, capital donde la falta de vivienda es un drama social cada temporada de verano, hay 760 personas, hasta 420 en la localidad de Santa Eulària, 250 en la de Sant Antoni, mientras en Formentera apenas son ya 32 los que aspiran a unas VPO allí casi inexistentes.

En general, los ingresos mínimos que se exigen son de 1.003 a 1.203 euros en función de que el núcleo familiar sea de una hasta 3 personas o más; si son dos perceptores, el mínimo debe ser de 1.128 a 1.289 euros, con ingresos máximos de 29.243 euros si es una persona, de 35. 091 si son tres o más personas.

Para baremar la posición en la lista por cada componente con discapacidad con un porcentaje superior al 64 % se conceden tres puntos, y entre el 33 % y el 64 % dos, igual que por tener uno o dos hijos menores y tres a las familias numerosas.

Los datos sobre las insoportables listas de espera para acceder a una VPO de alquiler, se han dado a conocer justo tras la denuncia este pasado lunes de la patronal empresarial CAEB de que el Ejecutivo no ha construido ni una tercera parte de las 1.800 VPO prometidas en esta legislatura, y sus críticas por haber decidido tener la exclusividad en promoción de vivienda social y no haber alcanzado sus objetivos.

Unos promotores que cifran más de 20.000 el déficit de viviendas en Baleares, y entre otras propuestas que han puesto sobre la mesa y que han sido desechadas por el Ejecutivo de Armengol, figura la de crecer en altura y en densidad, igualando alturas en zonas urbanas, y permitir cambios de uso a suelos urbanos no aprovechados para generar vivienda asequible,  estableciendo un programa de cesión de suelo público en régimen de derecho de superficie, para el desarrollo de vivienda a precio asequible.

La respuesta del Govern ha ido en sentido contrario aprobando un modificación restrictiva por decreto de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) que agravará y encarecerá aún más el acceso a la vivienda.