El fiscal exculpó a Cursach desechando las pruebas de su connivencia con los celadores municipales

El fiscal anticorrupción Tomás Herranz que exculpó al empresario de la noche de Mallorca Bartolomé Cursach y a la totalidad de acusados en uno de los mayores escándalos judiciales de la historia de Baleares, omitió incomprensiblemente las pruebas y testimonios que ponían en evidencia la estrecha relación que mantenían diversos empleados del grupo empresarial con funcionarios, policías y celadores del Ayuntamiento de Palma, con el objetivo de agilizar la tramitación de licencias y regularizar proyectos y obras, todo a cambio de favores y prebendas.

Es el caso de una conversación incluida en el sumario del caso y que no fue utilizada por el fiscal Herranz, mantenida entre Julià Garau, celador jubilado del Ayuntamiento y empleado de Cursach, y Antonio Bergas, número tres de Cursach y antiguo jefe de la Policía Local de Palma.

En la misma Julià le dice a Bergas que le han llamado con motivo de otra denuncia interpuesta por una vecina, debido a que habían hecho un agujero en la pared para una extracción de humos, preguntándole a Bergas si esto estaba incluido en el proyecto de legalización de las obras.

Al no saberlo, Julià le sugiere que se ponga en contacto con David Gamero que es el celador de la zona pero que para ello, utilice el teléfono particular del celador citado, evitando el uso del teléfono del Ayuntamiento con el fin de solventar la situación.

«Con el teléfono particular de él, no con el del Ayuntamiento para ver si esto se puede arreglar. Venga porque veo una llamada, y a lo mejor es él quien me ha llamado», afirma Garau en una conversación registrada el 14 de septiembre de 2015.

Posteriormente, el día cinco de noviembre de ese mismo año, en otra conversación entre los mismos interlocutores, Julià le comunica a Bergas que ha ido a llevarle la licencia y que se la deja en la recepción.

Unas grabaciones telefónicas que fueron omitidas en el juicio por los fiscales Herranz y Carrau, que dejan patente la influencia y trato de amistad que compartían Bartolomé Cursach y sus empleados Bergas y Garau, con funcionarios clave del Ayuntamiento de Palma para, supuestamente, obtener determinados favores a cambio de regalos.

Pruebas que Herranz quiso omitir en el juicio que acabó con la absolución de Cursach. Es el caso de las declaraciones en sede judicial de la jefa de Disciplina Urbanística Joana Ballester, reconociendo el cobro de un presunto soborno de 500 euros, además de botellas de Moët & Chandon para frenar la inspección urbanística en el gimnasio Megasport, propiedad de Cursach, o que, al menos, no se hicieran fotografías aéreas con la finalidad de que no se pudieran hacer comparaciones entre el estado del gimnasio, antes y después, de las obras realizadas de forma ilegal.

Grabaciones desestimadas por un Herranz que exculpó entre lágrimas a Cursach, y que tampoco vio de interés judicial los informes policiales de 2017 sobre las infracciones urbanísticas en las discotecas del Grupo Cursach, caso de Pachá y Tito’s, que los celadores ignoraban sistemáticamente, aún cuando muchas de ellas, eran visibles desde la propia calle, concretamente en Pachá.

Tras absolver al empresario de la noche, el fiscal Herranz está centrado ahora en su particular batalla judicial contra el juez instructor del caso, Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, para los que solicita nada menos que más de un siglo de cárcel, acusándolos de detención ilegal, obstrucción a la justicia, revelación de secretos e inducción al falso testimonio, entre otras cuestiones.

Esta pasada semana, los acusados han presentado su escrito de defensa en el que reclaman su absolución en la investigación abierta contra ellos, alegando que no cometieron ningún delito mientras investigaban a Cursach, denunciando que se vieron sometidos a episodios de intimidación y persecución, y exigiendo que Tomás Herranz sea recusado y apartado del procedimiento, por una supuesta pérdida de imparcialidad.