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caso metrovacesa

Estas son las irregularidades detectadas por Prohens en la operación inmobiliaria de Armengol

La operación cuenta con numerosas irregularidades que la Fiscalía deberá decidir si son delito o no

Prohens lleva a Armengol a la Fiscalía por pactar un sobreprecio del 40% en una operación inmobiliaria

El nuevo Govern balear encabezado por la popular Marga Prohens ha detectado numerosas irregularidades en la compra de 88 pisos de lujo del Polígono de Levante que pactó el anterior Govern socialista de Francina Armengol. El Ejecutivo enviará a Fiscalía el expediente administrativo de la compraventa para saber si se han cometido delitos. Por numerosas razones, el Govern ha cancelado la operación de compra de estos pisos a Metrovacesa.

La operación de compra de los 88 pisos de lujo costó al anterior Govern socialista un total de 28,5 millones de euros, cifra que hubiese supuesto un perjuicio para las arcas públicas de más de 10 millones de euros. Es decir, se estaba pagando un sobreprecio del 40% en relación al coste real de mercado. Traducido en cifras, se pagaba el metro cuadrado a 3.800 euros en lugar de algo de más de mil. 

Asimismo, los pisos que Armengol quería comprar no contaban con licencia de primera ocupación ni con cédula de habitabilidad. Esto supone que se iba a pagar el IVA al 21%. Si la operación se hubiera realizado unas semanas después, las viviendas hubieran contado con licencia de primera ocupación, por lo que se habría aplicado el IVA del 4%.

Además, tal y como ha indicado el Govern en una rueda de prensa este jueves, en el expediente administrativo del procedimiento no aparece ninguna justificación técnica para la adquisición de la promoción ni incorpora informes jurídicos preceptivos del Ibavi que avalen la operación. Es más, la operación contaba con informes en contra del propio Ibavi.

Por otro lado, tampoco existe la preceptiva memoria que exige la ley para la adopción de acuerdos de este tipo por un gobierno en funciones. Esta ausencia ya se ponía de manifiesto en el informe jurídico del Departamento de Vivienda, que advertía de la necesidad de incorporarla al expediente.