Los espías del catalán señalan a los comercios que no lo usan y exigen a Prohens que los obligue por ley

• Indalecio Ribelles
• Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.
• • 19/02/2026 04:00
  • Actualizado: 19/02/2026 04:00

La delegación en Baleares de la denominada Plataforma per la Llengua, conocidos como los espías del catalán por vigilar en los patios de los colegios la imposición y uso de esta lengua, señala a los comercios de las Islas por no utilizar el catalán y exigen al Govern de la popular Marga Prohens que los obligue por ley a usarlo.

En concreto, la entidad ha denunciado a media docena de establecimientos por supuestos casos que califican de discriminación y ha manifestado que los consumidores catalanohablantes «merecemos los mismos derechos que las demás comunidades lingüísticas de Europa».

Sin embargo, este colectivo separatista catalán no menciona en ningún momento el hecho de que en Baleares existen dos lenguas oficiales, ni que el castellano es la lengua española oficial en todo el Estado, ni que los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla como marca la Constitución.

La Plataforma per la Llengua, por contra, exige al Govern regular la actividad de las empresas para imponer el uso del catalán porque así se «favorece el bienestar de los consumidores».

En este sentido, afirman que el primer gobierno de izquierdas en Baleares en 2001 aprobó una Ley de Comercio, que fue después derogada por el Govern del PP de José Ramón Bauzá, que «aseguraba el uso del catalán en la rotulación y la atención oral y escrita».

Apuntan, en concreto, al artículo 8.1 de aquella legislación derogada, que regulaba que los consumidores tenían derecho a ser atendidos en las dos lenguas oficiales «y no podrán ser discriminados o atendidos incorrectamente por razón de la lengua oficial que empleen».

El artículo 8.2, además, regulaba el derecho de los consumidores a ser «atendidos en la lengua oficial de las Islas Baleares que elijan». La entidad, por ello, advierte al Govern de Prohens: «Teníamos unos derechos garantizados, y queremos recuperarlos».

Sobre este particular, los espías del catalán afirman que la presidenta Prohens declaró en la sesión plenaria del Parlamento del pasado 17 de febrero que «todo el mundo es libre de expresarse en la lengua que quiera» y que «el bilingüismo se vive con normalidad» en Baleares.

Unas declaraciones que la entidad rechaza y por ello exige al Ejecutivo «un compromiso firme con los ciudadanos de las Islas Baleares de rechazo a las discriminaciones lingüísticas a los catalanohablantes, así como una voluntad para que se detengan de una vez por todas».

«Las discriminaciones existen y en este caso son promovidas y aplaudidas por los discursos de odio de la extrema derecha. Como siempre, desde la Plataforma por la Llengua extendemos nuestra mano a todas las corporaciones que nos pidan asesoramiento en materia de derechos lingüísticos», remarcan.

A lo largo de 2025, la entidad asegura que recibió 89 quejas lingüísticas de usuarios de Baleares, la mayoría de las cuales, habrían tenido lugar en establecimientos comerciales o de atención al público.

En relación a este asunto, abunda el colectivo separatista, en 2023 se archivó el anteproyecto de ley de protección de los consumidores, que dedicaba un capítulo a los derechos lingüísticos. Para la plataforma, ante las últimas denuncias, es urgente retomar aquel debate parlamentario.

Por último recuerda  que tiene a disposición de todos los ciudadanos de Baleares un servicio de defensa de los derechos lingüísticos formado por un equipo de especialistas en distintos ámbitos (abogados, sociolingüistas, politólogos…) y que, a partir de la recogida de quejas y consultas, informa a los usuarios cómo pueden formular instancias y reclamaciones a las empresas que la entidad después difunde.