El drama de una familia desahuciada en Palma por una deuda a un usurero

Catalina Pomar y su hijo con discapacidad están viviendo sus últimos días en su hogar de Palma antes de ser desahuciados. Tras más de 40 años de vida en esta casa del barrio de Camp Redó, la familia está obligada a abandonar la vivienda por una deuda de hace doce años que no pudieron pagar a un usurero particular.

El marido de Catalina Pomar, ya fallecido, pidió un préstamo de 40.000 euros. La operación se efectuó ante notario, pero en el momento del vencimiento no se pudo devolver el dinero. Es por ello que el prestamista subastó la casa, que fue adquirida por un fondo de inversión privado por tan solo 15.000 euros, cuando el valor de la casa es, al menos, de 200.000 euros.

La casa ya no pertenece a Catalina Pomar, que hace unos años sufrió un derrame cerebral que le ha dejado secuelas, por lo que está obligada a recoger sus cosas y marcharse. Por el momento, no tienen a dónde ir una vez sean desalojados. Con ayuda de la plataforma de afectados por las hipotecas de Mallorca, están buscando desesperadamente una alternativa habitacional para que puedan instalarse y vivir de manera digna.

Una pequeña victoria

En un principio, el desahucio iba a efectuarse esta mañana. De hecho, la familia había abandonado la casa por su propio pie entre lágrimas y la rabia de que ya no podrían volver a lo que ha sido su hogar durante 40 años. Pomar y su hijo ya se encontraban en la calle con sus pertenencias y su gato, listos para abandonar el lugar.

Algunos vecinos del barrio de Camp Redó de Palma se han acercado para consolar a Raúl, que sufre un 50% de discapacidad y que no ha podido evitar derrumbarse en el portal del edificio por el drama que vive él junto con su madre y hermanos. Sin embargo, la tristeza se ha convertido en alegría en cuestión de minutos.

Y es que la familia afectada ha conseguido una pequeña vitoria. Debido a la falta de efectivos policiales para ejecutar con máxima seguridad el desahucio, el polémico desalojo se ha pospuesto para el próximo jueves 26 de septiembre, por lo que Catalina Pomar y sus seis hijos tendrán un techo bajo el que vivir al menos 16 días más.

La abogada de Pomar presentó una petición para que la familia pudiera seguir viviendo en esta casa al estar en una situación de clara vulnerabilidad. Sin embargo, el fondo de inversión ahora propietario del inmueble ha rechazado esta posibilidad.

Los afectados recibieron la notificación del desalojo por parte del juzgado en el pasado mes de agosto. Apenas han tenido tiempo para demostrar su situación de vulnerabilidad y frenar un desahucio que ya no tiene vuelva atrás. Los pocos ingresos que recibe Pomar, entre ellos una pensión de viudedad de su marido, no le permiten pagar un alquiler, ni mucho menos, un nuevo piso.

En el domicilio donde reside esta familia, ubicado en la calle Sant Vicenç de Paul, hay una clara falta de higiene. El fuerte olor se puede sentir desde la entrada principal. Sin embargo, los servicios sociales nunca han acudido en ayuda de Catalina Pomar, que, según cuenta, sólo se reunió con ellos cuando su marido falleció. Tampoco esta mañana había ningún asistente social, sólo vecinos y funcionarios del juzgado.

Ahora, Pomar tiene un reto por delante: encontrar un nuevo techo donde vivir y poder cuidar de su hijo. El desahucio es inevitable y todos los momentos que la mujer ha vivido con su hijo se desvanecerán el 26 de septiembre por culpa de un fondo de inversión que adquirió la casa a precio de ganga.